Cuando faltan más de cuatro meses para la convocatoria a elecciones generales ya ha comenzado a proliferar, sobre todo en redes sociales, al menos una veintena de posibles candidatos presidenciales, desde algunos casi desconocidos hasta aquellos que repiten la intentona por segunda, tercera y hasta cuarta vez. Los perfiles varían en cuanto a sus acercamientos al público, la proyección de ciertos aspectos de su personalidad, la exhibición de habilidades de manejo de aparatos o conocimiento de ciertas áreas de trabajo, así como los análisis u opiniones sobre temas coyunturales en torno a los cuales no se les oyó intervenir en los anteriores dos años y nueve meses, so pretexto de que podrían ser penalizados por campaña anticipada, aunque el TSE ya aclaró que su libertad de expresión está garantizada, siempre y cuando no inviten al voto.

Son estas ausencias, de tan prominentes personajes en el debate público, las que más saltan a la vista, en especial porque ahora pretenden cobrar importancia. Poco o nada se han pronunciado en polémicas generadas por la gestión de la pandemia, los dispendios y opacidades del gasto público, los repartos clientelares de recursos, las amenazas a la libertad de expresión o la prolongación absurda de la actual Corte de Justicia que se acerca a los tres años de plazo extra sin que el Congreso elija a sus sucesores.

Es ahí donde salta la liebre, pues varias de las organizaciones y personajes que ahora pretenden empezar a taparse con la bandera de supuestos opositores han sido o todavía son bisagras del partido oficialista, que baraja a un delfín prestado de otro partido en decadencia, aunque dicha estrategia más parece tener la intención de despistar, que de llegar a postularlo en realidad, en busca de la misma reelección que han intentado en vano sus antecesores.

Lo cierto es que en este momento hay 28 partidos políticos inscritos en el Tribunal Supremo Electoral y varios comités proformación en espera del aval. Si cada uno postula a sus propios binomios presidenciales, la boleta del 2023 podría tener hasta 30 casillas, una cifra inusitada que solo refleja la doble o triple apuesta de ciertos grupos, la incapacidad de los políticos para lograr consensos con miras a una agenda de Nación, los transfuguismos ambiciosos y el suculento botín que representa la campaña electoral para algunos personajes que no tienen ninguna posibilidad de ganar, pero que se quedan con el vuelto de los financiamientos o la compra de apoyos.

Es una pena que las facilidades legales para la organización ciudadana se hayan convertido en una lotería de egos, símbolos y enunciados que a la larga carecen de trascendencia, pues se trata de vehículos electorales creados alrededor de un exfuncionario, excandidato o exdirigente político que renegó de los postulados que antes defendía.

Cada sello político debe presentar una lista de aspirantes a alcaldías y diputaciones, lo cual diluye aún más la posibilidad de que el ciudadano diferencie quién es quién, de dónde viene, en qué partido estuvo y por qué se fugó a otro. En todo caso, para aclarar un poco esta lotería partidaria y evitar un caos de ofrecimientos estériles, los dirigentes deberían llegar a consensos sobre cuatro o cinco prioridades nacionales de aquí a tres décadas, para que quien sea que llegue a la curul o al Palacio Nacional las ponga en marcha. Sin embargo, hasta eso es mucho pedir de una clase política ausente del debate serio, ensimismada en sus feudos clientelares y dando vueltas en círculo alrededor de las conveniencias del dueño de la ficha.