Las primeras iniciativas de ley del gobierno de Alejandro Giammattei llegan en su noveno día de gestión a un Congreso que aún se encuentra en plena integración de fuerzas y jefaturas; lograr la directiva con una coalición liderada por el partido oficialista fue ganar una escaramuza en comparación con los ingentes desafíos de reforma y transformación que requiere el Estado en su conjunto.

Al tenor de los ofrecimientos de campaña se propone una reforma al Código Procesal Penal referente a la calificación de los pandilleros como terroristas, mediante la creación de un delito denominado “Terrorismo con fines de desorden público social”, cuya tipificación se propone de la siguiente manera: “Quien con el propósito de transgredir la paz social o el orden público del Estado se organice, constituya o pertenezca a grupos criminales caracterizados por su territorialidad, alta criminalidad (sic) y simbología, ejecuten actos contra la vida, integridad, seguridad y bienes de las personas, dañe o se apropie injustamente de propiedad privada o pública, atente contra la salud pública o la seguridad ciudadana, realice intimidaciones de coacción en forma pública con finalidad patrimonial en contra de personas individuales y jurídicas, comercio o servicios públicos”.

Es posible que para eludir problemas casuísticos se omita el término pandillas y que para no duplicar la tipificación de otros delitos ya existentes como robo, amenazas o extorsión se evite la inclusión de tales términos. En su debido momento de discusión en el pleno y comisiones, el gran desafío para los legisladores será lograr que no haya conflictos ni ambigüedades, a fin de que, de llegar a ser aprobada, la norma efectivamente contribuya a la seguridad democrática.

La segunda propuesta de reforma, que recibió el número 5693 en la Dirección Legislativa, apunta a ampliar el concepto de defensa propia, un cambio que pretende evitar procesos legales o sanciones contra integrantes de las fuerzas de seguridad que en el ejercicio de sus funciones ultimen a delincuentes en circunstancias de agresión o enfrentamiento, aunque también incluye una justificación amplia: “en defensa de los habitantes de la República de Guatemala o el territorio nacional”.

Se trata solo de la propuesta inicial, en cuya exposición de motivos se argumenta la protección del derecho a la vida de los ciudadanos, el cual se ve conculcado por acciones de personas y grupos al margen de la ley. Cabe decir que el derecho de defensa ya existe en el Código Penal, pero se busca ampliar las situaciones de descargo, lo cual no es malo en sí mismo, pero debe manejarse con sumo cuidado, precisión lingüística y respeto a los fundamentos constitucionales, para que no se convierta en una apología del abuso de fuerza ni en un limbo jurídico que pueda vulnerar garantías como la libertad de expresión o de organización.

Es claro que el asunto de fondo va más allá de estas dos reformas legales, puesto que se necesita continuar y reforzar los programas de prevención de violencia en áreas marginales, recuperación del tejido social en zonas asoladas por pandilleros o grupos de imitadores, creación de oportunidades de estudio y trabajo para adolescentes y jóvenes que necesitan insertarse y crecer en la vida económica. Se debe combatir la delincuencia, sí, pero para ese cometido es necesario un diálogo responsable, técnico e integral en el Legislativo, que incluya la visión de las instituciones encargadas de la administración de justicia.