Justificada polémica existe a causa del ya próximo cumplimiento del bicentenario de la firma del Acta de Independencia de Guatemala, que en 1821 abarcaba prácticamente todo el istmo centroamericano, con excepción de Panamá.  Cada año, pero especialmente en este, se contraponen posturas a favor de conmemorar este suceso y otras reacias a destacarlo como un logro, debido a que para grandes sectores de población no marcó mayores cambios. 

Si nos atenemos a los hechos, la sesión del 15 de septiembre de 1821 tuvo nutrida concurrencia, aunque al final solo hubo 13 firmantes del acta. Aun así, esta marcó  la emancipación política de España y además trazaba una ruta clara orientada a la conformación de una Asamblea Constituyente integrada por delegados elegidos por todas las provincias: un ejercicio democrático verdaderamente pionero para su momento. Lamentablemente, ni siquiera llegó a integrarse plenamente, porque sobrevino la  anexión a México, el 5 de enero de 1822, apenas 112 días después, precipitada por una confluencia de factores. 

En todo caso, cabe señalar que tal efeméride ocurre en uno de los momentos más trágicos de la historia contemporánea, cuando la pandemia de coronavirus ha arrebatado la vida a más de 11 mil guatemaltecos, al menos según las cifras oficiales, aunque no es difícil hablar de posibles subregistros. La vacunación ha estado sujeta a tropiezos, ambigüedades, secretismos y hasta a inexplicables restricciones de horarios e injustificada desproporción de cobertura. A un mes de conmemorarse la Independencia, comienza un toque de queda entre desconfianza y escepticismo sobre su efectividad y verdaderos fines, el cual deberá ser ratificado por el Congreso en su sesión plenaria del próximo martes. 

En caso de ocurrir la ratificación, quiere decir que tal estado de excepción estaría terminando el 15 de septiembre. De acuerdo con los resultados de anteriores restricciones, es poco probable que los contagios se hayan reducido a niveles mínimos, y aún si ello milagrosamente ocurriera, no sería conveniente un festejo masivo, que daría al traste con lo que se hubiese logrado. 

En otras palabras, las conmemoraciones  de 200 años de independencia deberán tener un fuerte componente virtual, pero sobre todo mucha sobriedad, no solo por la necesidad de recursos económicos para sufragar gastos sanitarios, sino como un auténtico y concreto mensaje de condolencia a todas las familias que han perdido a un ser querido en los 18 meses desde que comenzó tan dura prueba. 

Hay acciones que pueden tener mucho mayor impacto que cualquier festejo fugaz, acto protocolario o monumento descontextualizado, como por ejemplo un cambio de conducta en las actuales autoridades de gobierno que  lleve a abandonar los secretismos, la opacidad y el dispendio del erario. Ello aplica no solo al Ejecutivo, sino también al Organismo Legislativo, cuyo desempeño ha sido pobre en resultados. Las renuncias de funcionarios que simularon tener títulos académicos que en realidad no poseen también sería una verdadera independencia de los intereses que representan. Finalmente, la convocatoria al diálogo para crear una hoja de ruta nacional que nos retorne al carril de la transparencia, la institucionalidad y el consecuente estado de Derecho.