No necesariamente los asuntos urgentes y los asuntos importantes confluyen, pero una de estas intersecciones estratégicas se encuentra en todo lo referente a las medidas de protección sanitaria para adolescentes y los niños menores de 12 años: desde los protocolos de retorno a las aulas hasta su proceso de vacunación de cara a un retorno a clases en modelo presencial híbrido. Tal desafío integra las políticas de Estado, la capacitación de los docentes, el manejo de aforos y la participación de los padres.

En Guatemala todavía hay fuerte rezago en la vacunación de menores de 12 a 17 años. Hasta ayer, solo un 26% de la población estimada de este grupo etario -2 millones 121 mil 284- tenía esquema completo de dos dosis. Inicialmente se aplicó el fármaco de Pfizer, adquirido a través del mecanismo Covax, pero al agotarse existencias se comenzaron a utilizar unidades de Moderna —provenientes de las donaciones efectuadas por EE.UU.— sin mayores efectos secundarios adversos reportados hasta la fecha.

El repunte de casos mayoritariamente ocasionados por la cepa ómicron ha marcado un compás de espera para el retorno a clases presenciales, a lo cual se suma el retraso en la adquisición de más dosis Pfizer para emprender la vacunación de menores de 6 a 12 años. El mismo presidente de la República confirmó que todavía no se concreta la compra, según él, por el requerimiento de una garantía económica por parte del fabricante, la cual serviría para cubrir una potencial demanda, una excusa que puede sonar lógica, pero que en el fondo queda en vilo debido a que todo vacunado firma un documento en el cual se exime de reclamos al Estado y al laboratorio. Similar proceso ha ocurrido cuando los ciudadanos libremente llevan a sus hijos.

Ojalá y la demora no sea para ganar tiempo en favor de algún otro oferente que aún tenga fármacos en desarrollo y con el cual se busque firmar a escondidas otro acuerdo millonario, cundido de cláusulas de confidencialidad que constituyen un abuso de poder en un mundo globalizado q   ue lucha contra un enemigo común. La anterior hipótesis no es una suspicacia gratuita, es una deducción lógica a partir de lo observado en el pasado con el acuerdo de Sputnik, algunos de cuyos principales impulsores, artífices y firmantes ya renunciaron del Gabinete. No obstante, deben recordar que el plazo de cuentadancia de todo funcionario se extiende más allá de la salida del gobierno y por sus frutos se conoce el árbol.

Por otra parte, dada la proverbial ayuda brindada por el gobierno del presidente Joseph Biden, no sería descabellado solicitar formalmente la continuidad de las donaciones humanitarias de vacunas destinadas a proteger la niñez guatemalteca. De hecho, la potencia del Norte ha provisto hasta el sol de hoy más dosis que las compradas, bajo contrato secreto, a Rusia. Sin embargo, como reza el dicho popular “agrado quiere agrado” y es probable que una donación solicitada conlleve algún tipo de deber recíproco.

Los niños guatemaltecos han demostrado, a lo largo de la pandemia, tener muchas aptitudes para seguir consejos y líneas de prevención. Recibir la protección de una vacuna puede estar dentro de esas acciones a las cuales estén dispuestos pese al dolor de un pinchazo. Está en los padres la misión de no sembrar en ellos temores, prejuicios o rumores infundados. La más dura lección que ha traído ómicron es que los casos más graves y la gran mayoría de decesos corresponden a personas que no se habían vacunado.