La seguridad alimentaria es un derecho humano y, por lo tanto, una prioridad para cualquier gobierno. Por eso resulta paradójica la promoción que se efectúa sobre las reparticiones de víveres donados por empresas cuando al mismo tiempo proliferan en cada vez más departamentos las banderas blancas colgadas en el exterior de humildes viviendas, un pedido de auxilio ante la inminente falta de víveres y la imposibilidad de adquirirlos.

No se trata solo de una tarea gubernamental, puesto que los recursos son escasos y las estrategias pueden verse limitadas por falta de información detallada, la geografía de las localidades y hasta por criterios burocráticos bien intencionados pero que terminan por convertirse en un valladar entre la precariedad de muchas familias y la llegada de la ayuda ofrecida. Existen organizaciones no gubernamentales, iglesias, pequeños negocios y personas individuales que han emprendido, por cuestión de principios, repartos de comida o comestibles, sin buscar mayor reconocimiento en la opinión publica.

Por otra parte, hay tareas pendientes que bien podrían cumplir ministerios como el de Economía o Agricultura, dirigidas a aliviar la penuria de cientos de pequeños productores de vegetales que quedaron atrapados en el maremágnum de temores, restricciones y limitaciones económicas de la emergencia. Es triste descubrir a campesinos que trabajan en las elogiadas hortalizas del altiplano que se ven obligados a tirar sus productos, obviamente perecederos, debido a que no pueden trasladarlos a los mercados, con la consiguiente pérdida de la inversión efectuada y el desperdicio de la verdura, que resulta toda una ironía en un país con altos índices de desnutrición.

No se está diciendo que el Gobierno o las municipalidades compren tales cosechas de legumbre, pero sí deberían facilitar su traslado, desinfección y comercialización a través de canales adecuados. Seguramente implica esfuerzo logístico, pero sobre todo la voluntad de alivianar las difíciles circunstancias que afrontan pequeños productores de municipios de Sacatepéquez y Chimaltenango, en los cuales se implantó cuarentena preventiva.

No se trata de un asistencialismo fragmentado, sino de una estrategia para evitar que estos productores se descapitalicen y se vean posteriormente imposibilitados para volver a producir, pues esto a mediano plazo causará una reducción en la cosecha, con el consiguiente efecto en los precios. A más de un mes de iniciadas las acciones de contención contra el coronavirus, es necesario que el Gobierno vaya más allá de la urgencia y abarque un mayor horizonte de mecanismos y proyectos para proteger holísticamente la producción industrial, la actividad agrícola y al sector comercial. Si en este momento no comienzan las acciones sistemáticas de atención a estos lugares aquejados por casos de covid-19, será más complicado en el futuro, de llegar a quedar afectados más municipios.

Debe ampliarse el diálogo ahora para escuchar las propuestas de universidades, centros de pensamiento e institutos técnicos para conducir la prospectiva nacional más allá de lo sanitario. Si se avizora un escenario de efectos prolongados, es necesario trazar rutas viables de incidencia y respuesta en todos los aspectos productivos nacionales, pero para ello hay que comenzar por lo próximo, lo tangible, lo local. La angustia de los campesinos de Patzicía puede ser una premonición de complicaciones mayores si no es atendida debidamente.