Aunque el 10 de enero fue publicitada por el anterior Gobierno la inauguración de un sistema de revisión de contenedores mediante rayos X en el Puerto Santo Tomás de Castilla, dicho proyecto llevaba dos años en licitación, pese a su capital importancia para la seguridad nacional e internacional. A los pocos días quedó varado de nuevo, porque las autoridades portuarias designadas por el nuevo Gobierno emprendieron la revisión de aspectos del contrato heredado. En sí no tenía nada de malo verificar el apego a la ley de todo lo actuado, pero cuando pasan nueve meses en ausencia de tal procedimiento de seguridad, imprescindible en toda instalación portuaria, las alertas y también las sospechas empiezan a sonar, sobre todo por parte de las autoridades de Estados Unidos.

Si bien es cierto que la pandemia vino a trastornar muchos planes administrativos gubernamentales, también es necesario subrayar que el intercambio comercial internacional ha proseguido, obviamente, bajo estrictos protocolos sanitarios. De hecho, la revisión no intrusiva constituye un eslabón fundamental en la cadena de custodia de mercancías, en especial para prevenir cualquier tipo de evasión fiscal o riesgo de trasiegos de drogas, armas o cualquier otro ilícito por parte de individuos o grupos no necesariamente coludidos con funcionarios portuarios.

Pero incluso si hubiese entrado a funcionar en enero, Guatemala ya iba tarde con la implementación de este tipo de escaneo portuario, un requisito para el comercio con la potencia del Norte, principal socio comercial del país, que creó la ley de Seguridad en los Contenedores, a raíz de los ataques terroristas de 2001, y que otorgó plazos a los países para que garantizaran los procesos de revisión de carga.

Tuvo que llegar un mensaje de apremio, bastante cortés, aunque a la vez tajante: “Le escribo para expresar mi preocupación sobre los retrasos en el arranque de las operaciones de escaneo de carga en el Puerto Santo Tomás de Castilla”, expresó Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos, en una misiva dirigida al presidente Alejandro Giammattei el 15 de julio último, en la cual resalta el hecho de que esta inspección tecnológica no solo le servirá a Guatemala, sino que además llegará directamente al Departamento de Protección de Aduanas y Fronteras, lo cual fortalece la seguridad y agiliza las operaciones de carga y descarga.

Un sistema similar se encuentra también en fase de licitación para w Puerto Quetzal, y la agilización de su adjudicación e implementación debe convertirse en una prioridad para el Gobierno actual. Las lecciones que haya dejado el retraso en la Empornac deben ser utilizadas para atajar cualquier tipo de bloqueo, entorpecimiento o sabotaje de dicho proyecto. Se menciona esta última posibilidad, porque en los puertos nacionales se han dado repetidos señalamientos de irregularidades, retención de mercancías, extorsión para agilizar trámites y sobornos para evadir tributos.

Así también se puede recordar el caso del exinterventor de Puerto Quetzal, Allan Marroquín, señalado de corrupción en la concesión de TCQ, quien sigue sin ser extraditado desde EE. UU. y sin que ninguna autoridad parezca interesada en acelerar su comparecencia ante la ley. Los puertos nacionales deben ser instalaciones manejadas con criterios técnicos centrados en la productividad, la seguridad y la transparencia, y la conectividad global del escaneo con rayos X le quita espacio al actuar de mafias de todo tipo.