Ya en la segunda mitad de la administración de Donald Trump (2016 a 2020) y a pesar de las constantes y lógicas pugnas entre republicanos y demócratas acerca de diversos temas, era notorio que existía (y existe aún) un consenso bipartidista acerca de la necesidad de combatir la corrupción en el Estado de Guatemala, a fin de generar certeza jurídica que propiciara mayor inversión, impulsara el desarrollo y redujera la migración de guatemaltecos al Norte. El secretario de Estado Mike Pompeo presentó en mayo de 2019 una lista de 27 guatemaltecos designados como corruptos.

No alcanza este espacio para incluirlos a todos, pero figuraban firmas como el expresidenciable Manuel Baldizón, el entonces diputado Arístides Crespo, el expresidente Otto Pérez Molina, el exministro Mauricio López Bonilla, la exvicepresidenta Roxana Baldetti, el expresidente del Congreso Luis Rabbé, el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, el excandidato Mario Estrada (hoy confeso de narcotráfico y preso en EE. UU.) y el ahora exdiputado Armando Ubico, requerido en extradición por narcotráfico y que aún no ha sido capturado.

Más sanciones ha emitido EE. UU. contra exfuncionarios, fiscales, negociadores políticos y allegados al poder por conductas antidemocráticas o acciones opacas. Entre los casos más recientes destaca la designación bajo la Ley Magnistky del exdirector del extinto Centro de Gobierno, Miguel Martínez, en 2023; el retiro de visa al expresidente Alejandro Giammattei, hace dos semanas, o similar sanción contra cien diputados de la pasada legislatura. En el año de elecciones presidenciales en EE. UU., en las cuales Trump podría volver a postularse, quedan quienes suspiran por su retorno, con la idea de que podría revertir las sanciones impuestas por la administración de Biden.

El perfil del nuevo embajador de EE. UU., Tobin Bradley, quien recién arribó ayer al país, denota la visión que la potencia del norte tiene sobre los desafíos, realidades y lastres guatemaltecos. Basta ver que fue subsecretario adjunto de la Oficina Internacional de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley más conocida por sus siglas INL. con la cual también trabajó en México. Es innegable que Guatemala se encuentra bajo el asedio del narcotráfico y el crimen organizado transnacional, con la infiltración de dineros ilícitos en la política e incluso el acicateo de ataques contra la democracia.

El tema migratorio vuelve a tomar su sitial polémico en la disputa preelectoral estadounidense. Joseph Biden envió desde el inicio de su gobierno un plan de reforma. Actualmente aboga ante la Cámara Baja por otra propuesta que endurece controles fronterizos. Juega esta baza ante el congreso republicano para poder negociar el apoyo a Ucrania y también para revertir el desgaste generado por la masiva concentración de migrantes en la frontera con México.

Donald Trump avanza en primarias republicanas con aparente hegemonía y un acre discurso antimigrantes, rayano en la xenofobia pero que le gana fuerza en estados como Texas o Florida. Pero que no llame a engaño un hipotético cambio de inquilino en la Casa Blanca. Estados Unidos necesita asegurar la reducción del éxodo desde Guatemala mediante el apoyo a la generación de oportunidades. La narcoactividad es una amenaza a su seguridad nacional y este riesgo inicia con la venalidad en estamentos de la República de Guatemala o las amenazas al estado de Derecho. “Los tiburones también tienen su moral, toda una moral”, escribió el expresidente Juan José Arévalo Bermejo (1904-1990) en su libro La Fábula del Tiburón y las Sardinas.