Fuera de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que integra la Comisión de Postulación para Fiscal General debido a la potestad otorgada por ocupar un indefinido tiempo extra en el cargo —a falta de sustitutos electos—, el resto de la entidad se encuentra allí en virtud de representar al Colegio de Abogados y Notarios y a las 11 universidades que forman a profesionales del Derecho en el país. Se sobreentiende que los decanos representan el ideario, valores y aspiraciones de dichas casas de estudio a aportar juristas éticos, dignos, de servicio a la Nación. Las facultades a cargo de los decanos son las encargadas de organizar los pensum, requerir exámenes y validar la calidad de la formación de abogados, con los más altos estándares. No se trata de formalismos metódicos, sino de carreras que requieren formación gradual, exigente e íntegra ya sea a nivel de licenciatura, maestría o doctorado.

El actual proceso de selección de perfiles idóneos para dirigir el Ministerio Público demanda plena conciencia de las implicaciones nacionales de dicha función y de la grave responsabilidad que entraña avalar la nómina de seis que se entregará al presidente de la República. El trabajo de la Postuladora va más allá de un requisito, es la piedra fundamental para la credibilidad institucional del ente encargado de la persecución penal de cualquier delito cometido en el país, cuya efectividad obviamente no se puede evaluar solo con estadísticas basadas en la desestimación de hasta el 70% de denuncias.

Se supone que los decanos conocen bien su obligación respecto de exigir excelencia académica, ética y actitudinal a los alumnos. Tal compromiso se multiplicó al formar parte de una comisión encargada de evaluar y cotejar perfiles para una posición de ejercicio público de la ley.

Al existir señalamientos por deficiencias de gestión en cargos previos o indicios de la comisión de faltas tales como plagio en trabajos académicos, es obligación de los postuladores tomarlo en cuenta como factores de inmediata exclusión. Si a lo interno de cualquier universidad tal íncole de acciones o incumplimientos, ya sea por descuido o dolo, ameritan sanciones, con mayor lógica deben tener consecuencia en una dimensión institucional y nacional. Es penoso si un decano, bajo cualquier pretexto, es capaz de callar, negociar o evadir su obligación ante objeciones admitidas, pero que todo un cuerpo colegiado se lave las manos por incomodidad, por temor o por arreglos pactados constituye una afrenta a la ciudadanía y a las instituciones académicas que representan.

Es allí donde surge la pregunta que da título a este editorial: ¿Qué es lo que están enseñando las facultades de Derecho del país cuando sus titulares dejan pasar, sin mayor revisión ni consecuencia, objeciones contra aspirantes a un cargo tan relevante como la jefatura del Ministerio Público? ¿Están enseñando que se vale el engaño y la mediocridad o que un ilícito puede quedar impune si se tienen los conectes necesarios? ¿Enseñan que una velada intimidación pesa más que la integridad y el estado de Derecho? Suponemos que no son tales antivalores los que se inculcan en las aulas que dirigen.

Hoy es día clave para la configuración de la nómina de aspirantes al próximo período de Fiscal General de la República. Votarán para constituir una lista de seis profesionales. Cada perfil tendrá el nombre del decano que lo avaló y el de su universidad y por lo tanto será una declaración institucional, una lección que pesará y expresará muchísimo más que mil clases teóricas o 10 mil lecciones inaugurales.