Para discutir y aprobar un coherente Presupuesto General de Ingresos y Egresos, la primera condición debería ser renunciar a enfocarlo como un botín de conveniencias politiqueras y sectarias, como una puja de cifras ajenas o como una abstracción matemática divorciada de la realidad social, industrial y productiva de la Nación, puesto que tales abordajes conducen a abusos, despropósitos e incluso injusticias históricas que comprometen el porvenir.

Reconocer estos enfoques inadecuados es un primer paso para luego entrar a la cuestión de origen: ¿cuál es la razón de ser de un presupuesto? Identificar y justificar las necesidades de gasto en diversos estamentos del Estado y confrontarlas con los recursos que serán aportados por la sociedad en su conjunto a través de cargas fiscales definidas mediante políticas y cotejos técnicos que no solo tienen que ver con la proporcionalidad o la equidad, sino también con el impacto que tendrán tales tributos y su ejecución en el crecimiento productivo, el empleo, la inflación y la estabilidad macroeconómica, sobre todo si para financiar el gasto se recurre a préstamos.

Cada presupuesto de la era democrática del país ha nacido atado al pesado lastre del desfinanciamiento, debido a la brecha entre metas fiscales previstas y recaudación real, por lo cual se empeña el futuro del país mediante deudas crecientes; pero el mayor perjuicio está en el uso de tales fondos. Los políticos a menudo disponen de esos valiosos recursos como si fueran propios e inagotables: se recetan gustos culinarios, viáticos desmesurados, remodelaciones de oficinas, incontables plazas de personal —muchas de las cuales resultan ser ficticias o inútiles—.

Invocan las necesidades urgentes en educación, salud, infraestructura o seguridad para generar un aparato estatal ineficiente, en el cual más de las tres cuartas partes del gasto van para pagos de funcionamiento, un dispendio que termina siendo estéril, tal como se puede evidenciar en los indicadores de desarrollo humano y nutricional que colocan a Guatemala en el sótano de tales rubros, superada incluso por naciones con mucho menor producción interna y menores recursos naturales.

Según conceptos vertidos por la Comisión Económica para América Latina (Cepal), hay tres grandes objetivos por cubrir en un presupuesto: que los niveles de ingresos y gastos contribuyan al equilibrio y al crecimiento nacional; garantizar la ejecución del dinero público según planes y prioridades de gobierno surgidas del proceso democrático; y el tercero, la utilización transparente de los fondos presupuestados, con apego a objetivos claramente previstos; de ahí el origen de la palabra presupuesto.

La actual controversia en el Congreso que mantiene varada la aprobación del presupuesto para el 2020 radica, al parecer, en la exigencia del gobierno electo de revertir ciertos cambios que abultan el gasto y lo desvían de prioridades en inversión social. El oficialismo languidesciente intenta dejar amarrados algunos rubros y destinos que convienen a negocios e intereses de diputados afines o a sus financistas, en un postrer intento por hincar el diente sobre fondos públicos. Lo deseable sería una discusión de altura, una depuración de las previsiones de gasto y, sobre todo, un plan para limpiar al Estado de puestos inútiles, contratos lesivos y dispendios que insultan la dignidad del ciudadano que paga impuestos, pero para eso se necesita priorizar el beneficio común y no el propio.