Como “nueva normalidad” se suele agrupar el conjunto de prácticas rutinarias de prevención que se integran al ámbito doméstico, urbano y laboral en la paulatina recuperación de la actividad, después de las semanas de distanciamiento impuestas para frenar la propagación del coronavirus. La cifra de casos diagnosticados por millón parece hasta ahora un resultado favorable, aunque hay que cruzar tal cifra con el número de pruebas aplicadas y además falta ver la evolución de las próximas dos semanas, que es cuando un potencial repunte podría cruzarse en la ruta de reactivación.

En términos médicos y epidemiológicos aún no es el momento de liberar los cordones sanitarios por la misma razón que fueron impuestos: el sistema de salud de Guatemala podría colapsar si se da una afluencia masiva de pacientes a los hospitales. Hay algunos centros en fase de construcción, pero no ha sido fácil la contratación del personal médico y paramédico debido al temor prevaleciente hacia esta infección. Profesionales que ya trabajan en el Parque de la Industria desarrollan largos turnos para atender a los pacientes internados, pero uno de los factores de mayor desánimo es observar que aún hay muchos ciudadanos que no toman las medidas adecuadas de protección.

Por otro lado, la larga pausa comercial y productiva ha generado aprietos económicos para miles de familias, suspensión de contratos, cierre temporal o definitivo de numerosas empresas y la imposibilidad de laborar en el comercio informal para cientos de emprendedores. Los programas de ayuda gubernamental siguen en fase de implementación, un retraso que representa una fuente de cuestionamientos, pero que para los potenciales beneficiarios constituye una incertidumbre agónica que tiene nombres, rostros y necesidades diarias que cubrir.

El anticipo de una primera fase de retorno a la actividad comercial trae alivio a quienes poseen negocios o inversiones en las plazas comerciales que serán reabiertas, pero aun así el efecto sobre el consumo quedará condicionado a la capacidad económica de la población y también a la disponibilidad de transporte público para consumidores y empleados. Asimismo, la puesta en práctica de las nuevas medidas de bioseguridad, como la instalación de paneles protectores, dispensadores de alcohol en gel o la provisión de equipo a los empleados y dependientes representará un costo adicional para las compañías, pequeñas y grandes, que incidirá en su competitividad.

Por otra parte, paralelamente deberá incrementarse sustancialmente la cantidad de exámenes practicados para poder mantener un reporte claro sobre las medidas de control de eventuales brotes, ya que a la larga es insostenible una política indefinida de encierro. De hecho, el tránsito intenso y la fuerte actividad sostenida de mercados cantonales a lo largo de las últimas semanas son una evidencia de la necesidad de libre aprovisionamiento, de libre empresa y de derecho a ganarse el sustento.

Nos encontramos en una fase crítica del combate a la pandemia, pero también del sistema productivo nacional. Decidir en uno u otro sentido tendrá partidarios y detractores. Es desaconsejable querer quedar bien con todos, pero no por ello se debe dejar de escuchar múltiples perspectivas: sector privado organizado, institutos de investigación, facultades universitarias y también a la propia ciudadanía, para trazar una estrategia que quizá puede demorar en sus fases, pero que provea alguna certeza de los costos reales de oportunidad y los tiempos.