La ciudadanía productiva, el empresariado, los negocios emergentes, los exportadores, los profesionales liberales cumplen sus obligaciones fiscales y prueba de ello son los Q9 mil 800 millones de excedente en recaudación fiscal esperados para el cierre de este año, anunciados por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), entidad que, de hecho, pretende aumentar todavía más el monto de recaudación a través de la regularización de comerciantes informales a través de un tributo general de 1.5%, según la iniciativa de ley 6165, presentada en noviembre al Congreso.

En efecto, la labor de la SAT es obtener recursos para el erario, pero una excesiva o desigual carga fiscal lastra el crecimiento y la economía de los hogares. La mencionada iniciativa busca recaudar más a través de la creación de una tasa distinta. Sin embargo, existen pocos incentivos o compensaciones reales para el resto de contribuyentes, al menos desde el 2012, cuando durante el gobierno de Otto Pérez Molina se eliminó la presentación de la planilla de facturas deducibles del impuesto sobre la renta (ISR). Hoy la SAT reconoce pocos gastos deducibles del ISR. Por otro lado, el costo del impuesto que tribute la economía informal se trasladará a los consumidores.

Un excedente en la recaudación fiscal no es un logro del Ejecutivo sino de los contribuyentes, pues el Estado no genera nada más que gastos. Las crecientes remesas de migrantes se destinan, en su mayoría, al consumo, con lo cual inciden, sobre todo, en el comercio y la construcción, lo que favorece la recaudación del IVA. Asimismo, el alza de exportaciones es fruto de los esfuerzos de competitividad de diversas industrias a pesar de las deficiencias en infraestructura vial, tramitología y seguridad pública.

Por otro lado cabe preguntar de qué sirve que los aportes de los contribuyentes hayan excedido en casi Q10 mil millones la meta de recaudación, si el Ejecutivo y el Legislativo solo los despilfarran. ¿Cuál es el beneficio de que los guatemaltecos logren superar con creces la meta impositiva, si el Gobierno lo desperdicia? El ejemplo más actual y patético de esta irresponsabilidad administrativa —que Alejandro Giammattei tanto criticó a distintos mandatarios en sus cuatro campañas electorales— es que de ese excedente se utilizarán Q1 mil 200 millones para pagar el chantaje promovido por supuestos exmilitares que bloquearon carreteras para que les pagaran por sus servicios durante el conflicto armado interno, finalizado hace casi 26 años.

El 2021 dejó un excedente presupuestario que se diluyó en opacos subsidios a los combustibles y al gas propano, aunque el destino más polémico fue el botín de Q3 mil 191 millones destinado, según dijeron, a reparar carreteras, cuyo efecto es casi imperceptible, por no decir inexistente: la carretera de la Costa Sur sigue sin señalizar, con puentes en obras desde hace dos años.

A 44 días de la convocatoria a elecciones, alcaldes, diputados y ministros corren contra el tiempo para tratar de presentar los resultados que no dieron en los mil días anteriores. La alianza oficialista, con claro interés electorero, avaló que los fondos sin ejecutar este año sigan disponibles en el 2023, todo un incentivo a la mediocridad y la rapiña con el afán de empujar una reelección colectiva. El plan tiene una falla fundamental: menosprecia la inteligencia del ciudadano, quien se da perfecta cuenta de que hoy hay más recursos fiscales disponibles, pero la politiquería nos sigue endeudando y aumenta el gasto en burocracia, en lujos, viáticos y pactos lesivos, sin que exista una perspectiva de desarrollo integral.