De cualquier manera que se enfoque, la filtración de un listado de 501 personas en cuarentena y observación del Ministerio de Salud, por si llegan a presentar síntomas de la gripe covid-19, constituye una seria señal de alerta para el gobierno del doctor Alejandro Giammattei: si se trató de un descuido, es lamentable; si fue una fuga o un robo de datos, exhibe la vulnerabilidad de la información confidencial que maneja el Estado. Ni qué decir si fue acaso una estratagema subrepticia para develar datos posiblemente incómodos. En todo caso, debe efectuarse una exhaustiva revisión del equipo de gobierno, para depurar a elementos incapaces de garantizar el secreto profesional.

Hasta ahora el presidente ha sido la voz oficial de las normas de emergencia y en buena medida ha transmitido actualizaciones con aplomo. Sin embargo, en un contexto de creciente tensión a causa de la expansión global del coronavirus, el temor de posibles nuevos casos locales, el natural desasosiego por la ruptura de rutinas y las molestias por la suspensión temporal de reuniones sociales, religiosas, deportivas y culturales, existe la posibilidad de reacciones impulsivas e incluso comportamientos rayanos en la histeria colectiva.

El registro confidencial difundido ilegalmente mediante una red social de mensajería contiene no solo nombres, sino también direcciones de domicilio, teléfonos y hasta particularidades personales que pueden ponerlos en riesgo de algún tipo de agresión totalmente injustificable e intolerable. Cabe tomar en cuenta que no son pacientes confirmados, y muchos de ellos figuran en la lista de cuarentena a causa de haber registrado una temperatura corporal arriba de lo normal, que pudo deberse al simple estrés o a otra afección menor.

Con el paso de los días se aclarará si se trata de pacientes confirmados o no, pero aun en el caso de padecer del covid-19 se trata de seres humanos con derechos garantizados en la Constitución, con familia, seres queridos, aspiraciones y la posibilidad de superar un eventual cuadro viral. Nadie pide infectarse, así como cualquier afectado por cualquier enfermedad tiene derecho a la atención médica oportuna bajo absoluta confidencialidad.

El Ministerio Público anunció ya una pesquisa para detectar el origen de la infidencia, lo cual en tiempos digitales no solo es factible sino necesario para sentar precedentes que disuadan ulteriores intentos. Es muy importante resaltar el papel digno, decente y responsable de numerosos ciudadanos que recibieron el listado como un archivo adjunto en grupos de WhatsApp, que tuvieron el valor de rechazar la difusión ilícita, pero sobre todo la entereza de frenar su alcance al no compartirlo e incluso borrarlo.

Ningún medio de comunicación serio replicó tal información, por provenir de una fuente anónima, por atentar contra las garantías básicas y por entrañar un peligro para la ciudadanía, factores que contravienen los principios éticos del ejercicio periodístico. Eso trae a colación una escena ocurrida ayer, cuando el mandatario salía de la sesión del Congreso en la cual presentó el plan económico de reactivación que hoy figura en nuestro titular. El presidente fue abordado por periodistas en la puerta del Legislativo. En broma, esparció un aerosol que, según dijo, era “antiperiodistas”. Ojalá todo se quede en una gracejada, aunque de muy buena fe y con todo respeto se le puede sugerir en serio que efectúe una buena desinfección en los círculos de donde pudo haberse producido la infidencia de marras.