EDITORIAL
Rectores confirman hoy si el país es su prioridad
Faltan dos semanas para las votaciones en el Colegio de Abogados y Notarios.
Granítico rechazo ha desatado la supuesta petición verbal del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Walter Mazariegos, para efectuar en secreto la votación de rectores del país para elegir a los dos presidentes de las postuladoras de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones. Solo queda decir que si tal solicitud es cierta, solo encajaría como una más de las prácticas exhibidas desde la amañada elección, plagada de exclusiones, en la Usac, hace poco más de dos años. Y si no es cierta, Mazariegos está obligado a salir a desmentirla, pero no solo eso, sino a pedir que la votación sea pública. El solo silencio ya sería aval de dicho petitorio, que podría plantearse o no en el pleno de rectores, hoy, en el Salón del Pueblo, del Congreso de la República.
Sería un contrasentido, un insulto a la dignidad ciudadana y una incoherencia profesional que en ese organismo, donde un mural muestra al pueblo rompiendo cadenas y aniquilando sierpes, tuviera lugar un acto tan desleal. La elección de quienes dirigirán el proceso de entrevistas, calificaciones y elaboración de la nómina de aspirantes a magistraturas de justicia para el período 2024-2029 debe ser pública y transparente. Ello, justo un día después de que la CC asentó que el relevo constitucional debe ser el 13 de octubre próximo.
El contubernio politiquero en el Congreso de 2014, los sucios cabildeos subterráneos de 2019, así como la resistencia de la pasada legislatura a votar de viva voz han sido duras lecciones acerca de la lesividad del secretismo en los procesos públicos. Si bien el Legislativo define la selección final, es la comisión postuladora integrada por rectores, decanos de Derecho, delegados del Colegio de Abogados (Cang) y representantes de magistrados la obligada a efectuar una criba de alta exigencia.
Afortunadamente, en este caso, el rector Mazariegos no tiene los adláteres dóciles del Consejo Superior Universitario y no puede excluir o bloquear a quienes considere contrarios a sus intereses. La votación se hará entre los 15 rectores de universidades del país. Para tal efecto no deberían mediar concesiones, intereses ni otro nexo que no sea el legítimo interés por servir a la ciudadanía, a la democracia y la institucionalidad. Para ello se necesita coherencia de discurso y acción, de gestión profesional y proyección de servicio educativo.
Faltan dos semanas para las votaciones en el Colegio de Abogados y Notarios, en donde 10 planillas están inscritas para elegir a los representantes en la Comisión de Postulación de Corte de Apelaciones. El alto número de opciones refleja la importancia de la elección y también los múltiples intereses que se entretejen alrededor de esta. De ahí que se exija un proceso equitativo de campaña, con el cual riñen ciertas prácticas de promoción ventajosa bajo el disfraz de “capacitación” impulsada con recursos públicos, la cual beneficiaría a una agrupación en específico. La masiva participación de los abogados y otras profesiones convergentes en el Cang es una responsabilidad y un compromiso de este gremio con el país. Citas anteriores han registrado alto abstencionismo y desinterés, pero a la luz —o más bien a la sombra— de la última década no se debería dejar en manos de otros el futuro de la justicia.
Están a la vista los desafíos en materia de combate de la criminalidad, aseguramiento de la seguridad democrática, garantías de certeza jurídica para las inversiones y erradicación de intercambios de favores o influencias de operadores políticos o exfuncionarios. Las postuladoras tienen una formidable e histórica tarea que no se le puede encomendar a cualquiera.
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