Ningún Tribunal Supremo Electoral en la historia del país había recibido tantos señalamientos de discrecionalidad en la aplicación de criterios para inscribir candidatos en un proceso eleccionario como el actual. Por un lado hay patrones de acción que apuntan a posibles favoritismos, pero por el otro también podría ser crasa incapacidad de sopesar factores de inhabilitación o derecho. Se deben cribar inicialmente los criterios del registrador de Ciudadanos, José Ramiro Muñoz Jordán, quien antes del actual proceso dificultó el acceso a la información sobre el avance o freno de la aplicación de sanciones contra partidos infractores, algunos de los cuales literalmente le deben su participación actual.

Antes de ser registrador, Muñoz Jordán fue asesor del magistrado Ranulfo Rojas, cuyo título de doctorado, requisito legal para ocupar el cargo, es falso, algo que fue repetidamente aclarado por la Universidad de Vinci, que, en efecto, nunca lo otorgó, ni a Rojas ni al también magistrado electoral Marco Cornejo. Sin embargo, no se ve ni por asomo acción alguna del Ministerio Público, pese a que el fiscal Rafael Curruchiche anunció la investigación del caso el 3 de marzo de 2022. El dañoso patrón de discrecionalidad es evidente: para ciertos casos bastan unas palabras para acusar a los pocos días de delitos electorales a un candidato, pero para otros se alarga la búsqueda de “indicios”.

¿Incapacidad o dolo? Ninguna de las explicaciones libra al TSE de responsabilidad, por ejemplo, al haber inscrito como candidato a alcalde de Ocós a Carlos Danilo Preciado Navarijo, quien fue detenido en enero de 2021 y extraditado por Panamá bajo cargos de narcotráfico, en febrero de ese mismo año, y quien se encuentra preso en EE. UU.

Si otros partidos, agrupaciones ciudadanas y medios de comunicación no hubieran elevado la voz, García Navarijo posiblemente seguiría inscrito. Crear el riesgo de que tales perfiles accedan a cargos públicos no debe tolerarse. Sea quien sea la persona responsable del descuido o incuria, ya debería haber sido destituida. En otros casos se ha denegado o retirado la inscripción a candidatos al invocarse infracciones electorales, antejuicios y pedidos de extradición. Sed lex, dura lex, podría decirse, según la máxima latina que apunta al rigor y la imparcialidad. Pero una sin la otra no funcionan. Una sin la otra solo recuerdan la ingrata gestión de un oscuro fiscal general que solía decir a círculos próximos: “Para mis amigos, mi mano; para mis enemigos, la ley”.

Por eso es sospechoso, desgastante y casi correlativa la operación del TSE y el Registro de Ciudadanos cuando excluye a ciertos candidatos bajo criterios de idoneidad pero admite a otros que también están señalados por casos de corrupción, nexos con mafias y publicidad ilegal. Así lo denunció ayer la Misión de Observación Electoral, integrada por institutos de análisis técnicos y no políticos.

La Misión publicó una lista de candidatos a diputaciones y alcaldías que ya están inscritos a pesar de tener procesos de antejuicio o pedidos de extradición. Ello ya no puede atribuirse simplemente a un error, pero debe ser corregido cuanto antes, si es que los actuales magistrados del TSE quieren rescatar algo de su gestión. Con esto no se intenta desgastar la institucionalidad; por el contrario, se necesita fortalecerla, pero ello solo ocurre con coherencia legal y ética, de discurso y acción. O como reza un dicho al que ya hemos recurrido en este espacio: “No se deben hacer cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas”.