A espaldas de la ciudadanía, aprovechándose de su condición autónoma y con obvios fines clientelares, el directorio del Registro Nacional de las Personas (Renap) avaló el pago de indemnización para personal permanente o por contrato cuando sea despedido después de cuatro años de trabajo. Por más que los funcionarios de dicha entidad intenten justificar que se utilizan fondos asignados para tal dispendio, el dinero es público y, por lo tanto, tales prestaciones corren a cuenta del pueblo de Guatemala. Nunca se dio a conocer de manera pública la discusión sobre el asunto y solo trasciende el arreglo a través del acuerdo 58-2023, cuyos efectos lo convierten en lesivo.

Ese pago fue negociado en la denominada “Mesa Técnica de Compensación Económica por Tiempo de Servicio”, el 17 de octubre último. Delegados del Directorio y sindicalistas suscribieron el acuerdo de marras sin que exista beneficio alguno descrito hacia la mejora de los servicios del Renap para el usuario. Obviamente se trata de convenencierismo cortoplacista que puede costar un mes de salario por cada año trabajado, sin detallar los casos de sueldos de funcionarios medios y altos, que oscilan entre Q18 mil y Q30 mil.

Es improcedente que un trabajador por contrato, con quien desde el inicio se acuerda un plazo perentorio de servicio, reclame una indemnización. Al finalizar su período laboral puede ocurrir que se le renueve, y si no sucede, toca buscar un nuevo empleo, como lo hace cualquier ciudadano del país. Existen algunas excepciones para el pago por despido, pero hay demasiada ambigüedad en la formulación del plan, que debería ser revisado e impugnado por la Contraloría General de Cuentas o la Procuraduría General de la Nación.

Por lo regular, las negociaciones colectivas entre sindicatos y entidades estatales suelen tener la sombra de la componenda, a causa de los conflictos de interés y favores implícitos. Dichos pactos se han convertido sistemáticamente en una fuente de costosas y crecientes cargas para el Estado, o sea los ciudadanos que pagan impuestos y sostienen su funcionamiento. Los funcionarios buscan quitarse presiones, cortejar aliados y hasta contar con arietes colectivos para momentos de presión pública.

Un ejemplo de esta práctica fue la negociación de pacto colectivo con el sindicato magisterial de Joviel Acevedo, el cual contemplaba un aumento salarial sin condiciones de evaluación o de exigir mejoras de rendimiento en la calidad educativa. Tal componenda fue firmada a escondidas de la ciudadanía por la ministra Claudia Ruiz y el cuestionado dirigente, en 2021. Podría argumentarse que se trata de una negociación reiterada, pero al ser sufragada por los tributantes y tener un costo de hasta Q600 millones por año, debería ser pública y bajo claras condiciones de beneficio para los estudiantes. Lo mismo se puede decir del aumento a salubristas que se anunció en mayo último, cuyo costo anual supera los Q300 millones. Politiqueros y funcionarios se atribuyeron tal concesión, con fines obviamente electoreros, pero el costo de nuevo recae sobre la población.

Si existiera una Ley de Servicio Civil actualizada, moderna, que protegiera los derechos de los trabajadores, pero que también garantizara calidad laboral, no serían necesarios estos parches onerosos. El Renap no dio aumento, pero otorga una prebenda que puede convertirse en un precedente nefasto para otras entidades del Estado que empezarán a exigir lo mismo o aun más.