En los últimos días, el gobierno de Alejandro Giammattei ha realizado un ejercicio de rendición de cuentas con ocasión de finalizar el segundo año de su mandato, que terminará el 14 de enero del 2024. En este ejercicio, el presidente ha hecho énfasis en el crecimiento económico de Guatemala en el 2021, específicamente en el aumento del producto interno bruto (PIB) en 7.5%, cifra que como el mismo Ejecutivo reconoce se ha logrado no solo por las medidas tomadas por la administración de turno, sino también por la consolidación de un sistema financiero solvente y sólido, y el gran aporte de la iniciativa privada, que dinamiza la economía nacional.

Los ejercicios de rendición de cuentas se han constituido como prioritarios para la vida democrática de cualquier país, pues la ciudadanía demanda de las entidades públicas mejor información, transparencia, control y seguimiento a los resultados e impactos de la gestión de los recursos públicos por parte de las autoridades del Gobierno.

Toda democracia requiere de un mínimo de confianza ciudadana en sus instituciones y funcionarios, y durante una gestión de cuatro años gran parte de esa confianza se establece con los mecanismos de rendición de cuentas que se constituyen en oportunidades reales para reafirmar y hasta ganar la confianza ciudadana en las instituciones.

La responsabilidad de los funcionarios de la rendición de cuentas se basa en el derecho de los ciudadanos a recibir datos medibles y comparables que guíen el debate público sobre la efectividad de la gestión y de los funcionarios de turno. Pero también debe conllevar un verdadero esfuerzo y voluntad política para que los logros de cada gestión puedan ser palpables.

Esto debe ocurrir en cualquier país democrático y sobre todo en uno donde las mismas cifras oficiales afirman que el 59% de los más de 16 millones de habitantes vive bajo el umbral de la pobreza y casi el 20% intenta subsistir en pobreza extrema, donde uno de cada dos niños que nace sufre de desnutrición o donde miles de familias empeñan su poco patrimonio para pagarle a redes ilícitas que prometen llevar a los jóvenes a un mejor porvenir.

Por eso, la confianza que la población otorga a los funcionarios, en un inicio depositada cada cuatro años en las urnas, se debe consolidar en cada acto de la administración pública que, además, debe abrirse a la inspección pública, debe explicar y justificar sus actos y debe estar siempre supeditado a la observancia de la ley.

Esa confianza tiene como pilar una serie de mecanismos y herramientas de control de la gestión pública que le dan a los ciudadanos un seguro contra eventuales acciones inescrupulosas o poco responsables por parte de funcionarios públicos. Esto incluye la independencia de instituciones de control estatal, como las cortes, las contralorías y las fiscalías, que deben asegurar al ciudadano que en caso de que la confianza que se depositó en los gobernantes se vea traicionada, se activarán procedimientos orientados a investigar y sancionar a los responsables.

A eso se suma la garantía que el mismo Estado debe dar para que la sociedad pueda ejercer los medios que tiene en sus manos para exigir cuentas, incluyendo el acceso y el uso de la información pública, la presión social, la crítica de otros sectores o los análisis expuestos en los medios de comunicación. Solo así se pueden construir mecanismos de rendición de cuentas sólidos y efectivos que generen confianza.