Érase un país llamado de la eterna primavera, que tenía un increíble tesoro de niñez y juventud: un bono demográfico de tres décadas de duración que representaba una notoria ventaja competitiva y una fuerte posibilidad para poder mejorar su fortaleza económica a través del desarrollo nutricional, educativo, deportivo, científico y también laboral. Pero en aquella tierra maravillosa pesaban más los negocios de los funcionarios de turno, los intereses de camarillas de politiqueros con todo y herederos, la mala planificación de Estado y ejecuciones gubernamentales lastradas por la corrupción, la incapacidad y el nepotismo.

Si bien el anterior relato arranca con un tono aparentemente imaginario, es la síntesis de una cruda realidad que supera a cualquier ficción, sobre todo aquella que se regala en cada campaña electoral. Ciertamente tal historia tiene un final aún sin escribir, o más bien que se sigue escribiendo hoy. Al analizar los despropósitos e incumplimientos de sucesivos gobiernos, la prospectiva apunta a la pérdida del valioso bono demográfico que Guatemala tendrá vigente hasta 2050, tiempo en el cual la población comenzará irremisiblemente a envejecer de acuerdo a las tendencias de natalidad y edad de sobrevivencia.

El Día Internacional de la Juventud, que se conmemora hoy, no debería ser ocasión de intrascendentes ceremonias o de vacíos sondeos en video como el que publica en sus redes sociales el Consejo Nacional de la Juventud, ente anodino que solo constituye una bolsa de empleo para sucesivos allegados del gobierno de turno. Es estéril festejarlo una semana al año si el resto del tiempo no existe una política coherente, sostenida y bien auditada que garantice el pleno desarrollo de la población menor de 25 años.

El 60% de los jóvenes guatemaltecos vive en pobreza, situación que acicatea, cada vez con más fuerza, su éxodo al norte, mientras que los gobiernos, incluyendo al actual, repiten el mismo patrón de asistencialismos clientelares, cortoplacistas y carentes de pertinencia cultural o equidad. Prueba de ello es la vulnerabilidad que golpea a las niñas y adolescentes guatemaltecas, frecuentes víctimas de abusos u opresión machista, lo cual dispara las cifras de madres menores de edad que no solo no tuvieron niñez, sino tampoco acceso a una educación completa, lo cual les impide contar con los medios para sostener y formar adecuadamente a su progenie.

La juventud termina pagando las reyertas por puestos y botines económicos. Un penoso ejemplo de tal injusticia es el riesgo inminente de que los atletas guatemaltecos de todos los niveles queden excluidos de cualquier competencia del ciclo olímpico a causa del dudoso amparo emitido por una Corte de Constitucionalidad electa por el actual oficialismo, que suspendió artículos del reglamento del Comité Olímpico Guatemalteco reformados a petición del Comité Olímpico Internacional para transparentar su funcionamiento. Jóvenes seleccionados y exseleccionados de diversas disciplinas expresaron ayer su inconformidad por esta intromisión politiquera en el desarrollo deportivo del país y exhortaron a la CC a revertir su decisión. Hará falta ver si los magistrados prefieren defender la autonomía del deporte u otros intereses opacos. Lamentablemente, en la administración pública hay más exclusiones, ninguneos e incumplimientos con la juventud guatemalteca. Se acerca otra campaña electoral en la cual los partidos buscan mano de obra gratis en los jóvenes para luego volver a dejarlos relegados como nombres y números insignificantes.