Editorial
Respeto de plazos es de orden constitucional
Mañana se abre la convocatoria y hay cuatro días para entregar expedientes.
El viernes 16 de agosto, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional que ordena respetar el plazo para la nominación y elección de magistrados del Organismo Judicial antes del 12 de octubre próximo. Tal resolución no sería necesaria si todos los abogados integrantes de las postuladoras —así como las entidades que representan— hubieran demostrado, desde hace un mes, la convicción y las acciones coherentes para respetar el espíritu de la Carta Magna. Por el contrario, cierto grupo, ahora bien conocido por la ciudadanía, se dedicó a intentar introducir discrecionalidades, objeciones farisaicas e interpretaciones rebuscadas que han lastrado el avance de la misión encomendada.
A veces se hace la broma de que donde hay dos abogados existen tres interpretaciones de la ley, pero a la luz de los sucesos de la última década en el país, es necesario apegarse al espíritu de las normas, a la búsqueda del bien común y centrarse en el respeto de los plazos constitucionales de relevo en los organismos del Estado. Basta ver un lamentable caso, que nunca debe repetirse: el período extemporáneo, abusivo y convenenciero que llevó a la anterior Corte Suprema de Justicia a extenderse por casi cuatro años, el 80% del siguiente período, gracias a una artificial dilación de la designación de magistrados por parte del anterior Congreso, durante la presidencia de Allan Rodríguez y Shirley Rivera.
No fue sino hasta que la CC ordenó a esta legislatura elegir, y ante la derrota del oficialismo previo, que en noviembre último designaron a los magistrados actuales, con voto de viva voz, que fue uno de los argumentos para tratar de justificar el retraso. Claro, se infiere, a partir de la postura de ciertos magistrados actuales de la CSJ, que existía una errónea creencia de que podría repetirse, casi adrede tal extralimitación.
La anterior arbitrariedad no constituye ningún precedente, sino una amarga lección de incumplimientos dolosos y deliberados. Los evidentes intentos por retrasar la tarea de las postuladoras han caído en el plano de la necedad, en su mejor acepción bíblica, y ha sido tan sólido el rechazo a dichas tretas que ahora se busca, como premio de consuelo, procurar criterios laxos al evaluar expedientes. Excluir objeciones que no sean condenas firmes es negar a la población el derecho de expresión y petición respecto de la honorabilidad de candidatos.
En fin, el amparo de la CC confirma que los plazos de relevo en el Organismo Judicial son tan constitucionales como los de la presidencia del Congreso y del Ejecutivo. La forzada prolongación de magistrados entre 2019 y 2022 subraya la necesidad de la alternancia. Implícitamente, el Congreso de la República está obligado a respetar el plazo perentorio. Quizá sea eso lo que más temen el anterior oficialismo y sus allegados.
Ambas postuladoras aprobaron como sede de trabajo el salón de la Universidad Rafael Landívar, donde se han reunido sin problema durante tres semanas. Mañana se abre la convocatoria y hay cuatro días para entregar expedientes. Los interesados en optar a magistraturas han tenido tiempo para preparar sus documentos, incluyendo a quienes buscan la reelección. El lapso es razonable pero apenas suficiente para iniciar la revisión de perfiles. No debería ser problema que algunos comisionados se excusen de determinada reunión por compromisos laborales. No pueden delegar su voto, pero la Ley de Comisiones de Postulación contempla la posibilidad de ausencias, sin que ello impida el avance del resto. Desde que se propusieron en forma voluntaria, los comisionados sabían de la grave obligación adquirida con la ciudadanía, cuya urgencia hoy se marca aún más gracias al tiempo perdido.
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