En cada proceso electoral surgen grupos que invocan una aplicación de la ley con mano dura como una panacea para los males que aquejan a la sociedad guatemalteca. Ya se han tenido muestras de los resultados de tales enfoques, en los cuales ese axioma parece ser válido, siempre y cuando la rigidez recaiga sobre las espaldas de otros.
Cuando alguna transgresión queda al descubierto y se debe aplicar la ley a allegados, a poderosos negociadores políticos o a integrantes del jet set, el alegato da un giro hacia la mano blanda, la flexibilidad e incluso hacia cierto relativismo disfrazado de erudiciones constitucionalistas.

Por otra parte, es evidente la necesidad de generar y fortalecer en Guatemala una cultura ética; es decir, una conducta de libertad responsable, acciones fundamentadas en valores y no en el miedo o el temor a un castigo, sino en la valoración de cada persona, del bien común y, sobre todo, de la libertad. Puede sonar a utopía, pero es la única vía para reorientar de forma efectiva y trascendental la educación en el hogar y en la escuela, en el desempeño laboral cotidiano, el quehacer del servicio público y la búsqueda de nuevas metas nacionales.

El país está a las puertas de conmemorar los 25 años del final del conflicto armado que lo desangró durante tres décadas y media, que devastó la infraestructura, consumió recursos económicos que debieron ir al sistema educativo y de salubridad, que dejó hondas heridas de muertes y constantes tentaciones de polarización que ciertos grupos desfasados aún intentan explotar.

Los retos de la paz siguen abiertos. Han cambiado circunstancias y se han multiplicado necesidades. Los acuerdos firmados aquel 29 de diciembre de 1996 tuvieron sus aciertos y también sus errores, pero en su momento funcionaron como un parteaguas histórico. Lo mismo vale decir del proceso democrático: tiene sus virtudes y también sus defectos, pero en ambos casos es la propia ciudadanía la llamada a asumir y exigir las necesarias correcciones por los canales instituidos.

La ley por sí misma no obliga a nadie a exigir, a reclamar, a plantear requerimientos, a construir propuestas. Una nueva ética ciudadana sí obliga, desde la propia conciencia, a informarse, involucrarse y enfrentar con seriedad el compromiso personal con el devenir común. La indiferencia es una actitud destructiva que abandona en otros la solución de problemas y que deja campo abierto a los manipuleos legalistas y a las demagogias que ya asoman sus tentáculos en el año preelectoral.

La gran mayoría de guatemaltecos de hoy no vivió las angustias de la represión y las desapariciones forzadas. Defender garantías ciudadanas como la libertad de expresión podía ser una sentencia a muerte y tal intolerancia segó vidas valiosas: militares honorables, intelectuales íntegros, docentes comprometidos, estudiantes, líderes indígenas; precisamente las mentes que hoy hacen falta. La mayor destrucción de la guerra no fue la de puentes, torres eléctricas o inmuebles, que fue lamentable. El mayor daño se hizo a la confianza, a la empatía, al entendimiento de diferencias, al respeto de libertades y responsabilidades. Por ello el desafío de la paz sigue abierto.