EDITORIAL
Retórica racista detrás de leyes antimigrantes
En todas partes se cuecen demagogias y en coyunturas críticas la politiquería prefiere señalar con el dedo a cierto grupo vulnerable como causa de males.
Frente al Capitolio de Oklahoma, sede de la Cámara de Representantes y el Senado estatales, cientos de migrantes hispanos se concentraron de forma pacífica el 15 de mayo. En esa fecha se conmemora en dicho estado el “día de la herencia latina”, pero el plantón no fue para celebrar, sino para deplorar la vigencia de la ley SB 4156, firmada por el gobernador Kevin Stitt, el 4 de mayo, que crea el delito de “permanencia ilegal” para todo migrante indocumentado, con penas de prisión, expulsión y multas, que entrará en vigencia el 1 de julio. Defensores de derechos de los migrantes señalan que la norma favorece estereotipos raciales y el acoso policial basado en el aspecto físico, que se extiende a residentes legales y ciudadanos hispanos.
Dicha norma fue avalada en fecha reciente en los prolegómenos de la carrera electoral 2024, en la cual los partidos Demócrata y Republicano contraponen propuestas y señalamientos en materia migratoria. Stitt, republicano, responsabiliza al gobierno de Joe Biden de no asegurar la fronteras. El discurso prejuicioso y casi xenófobo del expresidente Donald Trump, quien busca un nuevo mandato, acicatea segregaciones, sobre todo contra hispanos que califica, por igual, de “delincuentes”. Su guerra antimigrante es su ariete, pese a que sus ancestros también fueron. Pero en la polarización la razón se obnubila y se exacerban emociones al calor de la visión neuromercantil.
Oklahoma no es el único y tampoco el primer estado en emprender esta clase de leyes. Primero fue Florida, cuyo gobernador Ron DeSantis, también republicano, firmó la ley SB1718, en el 2023, que prohíbe la emisión de licencias y permisos de trabajo a migrantes, pese a que son la mano de obra principal en muchas granjas del estado. A su criterio, le iba a servir para superar a Trump en las primarias republicanas, pero fracasó.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó en diciembre del 2023 la ley SB4, la cual autoriza que la Policía pueda arrestar a migrantes indocumentados sin proceso. La citada legislación está suspendida por orden de la Corte Suprema, pues por ley solo departamentos federales como Homeland Security o ICE pueden aplicar normas migratorias. Abbott también responsabiliza a los demócratas por la oleada de migrantes, a pocos meses de los comicios.
Ohio aprobó una norma similar a la de Oklahoma, que entraría en vigencia en julio. Georgia emitió la ley HB1105, que obliga a policías y sheriffs locales a retener a indocumentados. En todos los casos, las implicaciones amenazan garantías fundamentales de la Constitución estadounidense, un país que creció a base de la migración y lo sigue haciendo. Cabe decir que hay 3 millones 256 mil 47 migrantes guatemaltecos en EE. UU., según datos de la Cancillería. Muchos aún no tienen un estatus migratorio regular y sí mucho temor en estados como los citados. El Gobierno guatemalteco se ha pronunciado con tibieza en el anterior y actual mandato respecto de esta amenaza. Cabe destacar que las remesas de migrantes son el 20% de la economía del país.
En todas partes se cuecen demagogias y en coyunturas críticas la politiquería prefiere señalar con el dedo a cierto grupo vulnerable como causa de males. Los hispanos de Oklahoma expresaron su descontento en paz, pero con energía. Además, están emprendiendo un trabajo de motivación al voto para elegir a representantes que respondan a las comunidades que les eligen. Valga cerrar con el caso de Alabama en el 2001, cuando un gobernador prohibió la contratación de migrantes en granjas, lo cual provocó un éxodo. Al año, muchas empresas quebraron o se trasladaron de estado.
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