El robo de electricidad lleva al menos 15 años de ser perpetrado con casi total impunidad en varias regiones de Guatemala por parte de delincuentes organizados que con frecuencia arguyen consignas populistas y fomentan la polarización. Con lamentable regularidad se producen agresiones en contra de trabajadores de empresas distribuidoras cuando se disponen a ejecutar órdenes de corte por falta de pago en el servicio.

Estos grupos de choque invocan excusas como “defender” a la población o facilitar el acceso la electricidad como un “derecho”. En realidad son simples y vulgares bandas de ladrones, pues cobran a sus abonados una tarifa fija de Q20 a Q40 por un bien que no les pertenece. No satisfechos con eso, suelen hostigar a los vecinos honrados que tienen contratos legales de electricidad y pagan el servicio. Además perjudican a todos los usuarios con las fluctuaciones de corriente eléctrica causadas por las conexiones ilegales con las que venden energía a tiendas, expendios de licores, molinos de nixtamal, talleres y otros negocios cuyas ganancias, aunque duela decirlo, tienen una fracción de origen ilícito. Esta contradicción debería ser abordada por iglesias, como parte de sus enseñanzas: un llamado de atención a la coherencia moral de los fieles, lo cual podría ayudar a reducir y repudiar esta práctica, con base en valores de fe.

Estas redes cobran por el recurso robado que proveen y propugnan además por estatizar la generación y distribución, con una engañosa promesa de electricidad gratuita, pero sin explicar ni saber cómo financiarían los costos reales de operación. En realidad es otra forma de corrupción que sustrae algo a escondidas y a base de mentiras.

La sola generación de energía eléctrica es una actividad que implica inversiones públicas y privadas, a través de la construcción de centrales térmicas, de biomasa, hidroeléctricas, fotovoltaicas y eólicas. El Instituto Nacional de Electrificación (Inde) es el ente rector de la producción de este recurso, clave para el desarrollo económico y la productividad, no solo de centros urbanos, sino de tantas comunidades. Las empresas distribuidoras de energía se hacen cargo de garantizar, bajo un contrato de pago, el transporte desde el origen hasta el usuario final, ya sea particular o industrial, para el cumplimiento de sus fines personales, comerciales o industriales.

Existen políticas legales de subsidio a las tarifas de consumo eléctrico orientadas a apoyar a sectores populares. Sin embargo, esta ayuda también se pierde con el robo energético, cuyas denuncias aumentaron 60% en el último año. En 2020 hubo 289 incidentes reportados y en 2021 fueron 436, los cuales se concentraron en San Marcos, Guatemala, Retalhuleu y Huehuetenango, aunque existen casos en todos los departamentos.

La impunidad ha contribuido también a la proliferación y fortalecimiento de estas células delictivas que incluso financian a grupos que fomentan el resentimiento como treta para usar de manera inescrupulosa a los pobladores como escudo humano. La ineficiencia del Congreso para modificar los castigos en el Código Penal y actualizar la Ley General de Electricidad dificulta enfrentar este ilícito. Si bien la mitad de denuncias se desestimó, la otra mitad tampoco tuvo mayores consecuencias y no se conoce a la fecha una investigación a gran escala del Ministerio Público sobre este asalto masivo a plena luz del día y también de noche.