La ruta nacional 2051 alude no a una carretera física, sino al rumbo definido y consensuado de país que debería orientar los planes gubernamentales de desarrollo para las próximas tres décadas: el tiempo estimado de duración del actual bono demográfico, la generación de niños y jóvenes que precisan de mejoras en salud, educación, seguridad y oportunidades para poder asumir de mejor manera el relevo en la conducción y la productividad.

En el reporte de Perspectivas en el Bicentenario de este domingo se presenta un análisis de situación de la maquinaria estatal, integrada por tres poderes del Estado, instituciones auxiliares y descentralizadas. Diversas fallas marcan su desempeño, sobre todo en relación con la transparencia, la priorización del desarrollo social y la planificación a mediano y largo plazos, precisamente los ejes que pueden definir un porvenir más promisorio o proseguir la inercia burocrática cuya caducidad ha puesto en evidencia la pandemia, pero también por el aumento de la desnutrición infantil, el descontrol del sistema carcelario, los escándalos de corrupción en la ejecución de recursos y los pactos opacos que rigen la agenda legislativa y afectan el desempeño judicial.

El crecimiento acelerado de la burocracia sin que se traduzca en una mejora ostensible de los servicios públicos es el principal síntoma del clientelismo político. A falta de planes serios y a causa de la incapacidad de generar consensos, los politiqueros —que no políticos— negocian cuotas de plazas para colaboradores y allegados sin importar su capacidad o idoneidad. Esto conduce a una desproporción presupuestaria que destina el 67% de recursos a gastos de funcionamiento y 17% a inversión pública. El restante 16% se dirige a pago de la deuda pública, o sea los recursos obtenidos mediante bonos y préstamos.

Tal endeudamiento no ha parado de crecer en los últimos 20 años, pues sucesivos gobiernos recurren a créditos para cubrir los agujeros presupuestarios, en lugar de hacer más eficiente el aparato estatal. Tan solo en el 2021 dicha deuda aumentó Q6 mil millones, el saldo nacional pasó de Q189 mil 187 millones al 31 de diciembre de 2020 a Q195 mil 264 millones en mayo último, y todo parece apuntar a que el plan de gasto de 2022 también será deficitario, a pesar de todos los discursos sobre la calidad del gasto que pronuncian los presidenciables en campaña.

Es por ello que el análisis también implica a entidades autónomas como la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público o la Procuraduría General de la Nación, las cuales tienen a su cargo verificar la calidad del gasto, encausar a los transgresores y defender los intereses del Estado.

Lamentablemente esto no siempre ocurre y un ejemplo claro es el contrato de vacunas rusas, en el cual la PGN quedó ilícitamente excluida y sobre el cual el MP aún no presenta resultados de las pesquisas, como tampoco lo ha hecho sobre los abusos policiales de noviembre pasado. En todo caso, el mayor desafío sigue del lado de la ciudadanía, que debe involucrarse, estar informada y exigir calidad en la gestión de gobierno, cuentadancia en el uso de los impuestos que paga y justicia si estos son malversados, con el único objetivo de asegurar un país mejor para esos guatemaltecos del 2051.