La inclusión del empresario y operador político Gustavo Alejos Cámbara dentro de la lista negra del Gobierno de Estados Unidos de América, oficializada ayer por el secretario Mike Pompeo, no solo deja al ex secretario privado de Álvaro Colom sin poder ingresar a dicho país, sino que también veta cualquier transacción financiera, económica o mercantil con cualquier compañía, banco o intermediario que tenga relación legal con la potencia del norte.

La causal de la sanción, que el comunicado señala como el involucramiento “en actos corruptos que socavaron el estado de Derecho y la fe del público guatemalteco en las instituciones democráticas”, apunta mucho más allá del propio Alejos y su círculo familiar cercano, pues constituye una tácita advertencia contra todos aquellos que colaboraron con él, que se beneficiaron con su injerencia o que buscaron su patrocinio para intentar colarse en las próximas cortes.

Hace apenas 112 días, el 18 de febrero, se desvelaba la continuidad de las operaciones de tráfico de favores que Alejos mantenía desde el sanatorio donde estaba recluido en la zona 2 por supuestos quebrantos de salud. Una clínica ginecológica se había convertido en improvisada oficina en donde era vergonzosamente visitado por aspirantes a magistrados, integrantes de comisiones de postulación e incluso diputados que eventualmente deben participar en la elección, aún pendiente. Los hallazgos fueron ampliados en un informe que el Ministerio Público presentó hace 12 días al Congreso, que deberá designar a la nueva Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, un codiciado botín en el cual varios grupos buscan influir, que incluye a exfuncionarios procesados por corrupción, entre ellos el ahora designado.

Gustavo Alejos está acusado en cinco casos judiciales: Negociantes de la Salud, Cooptación del Estado, el fraude de Transurbano, Financiamiento ilícito del partido Unidad Nacional de la Esperanza y Red de poder, corrupción y lavad. Por este último había logrado tener una medida sustitutiva, por supuesta enfermedad y en virtud de la cual estaba en el sanatorio-oficina, donde incluso tenía un refrigerador con bebidas alcohólicas y finos cortes de carne. Tampoco era la primera vez que ciertas salas de Apelaciones lo favorecían sospechosamente, y de ahí se puede deducir el ansia por concretar negociaciones de las próximas magistraturas. También se detectaron contactos de más diputados y operadores políticos por medio de llamadas y mensajes de WhatsApp.

Desde la detención de Alejos en febrero, pero sobre todo en el último mes, se desató una andanada de ataques contra el Ministerio Público, en especial desde perfiles falsos de redes sociales que intentan torcer la opinión pública al distorsionar la discusión y conducirla hacia una inexistente e interesada polarización ideológica artificial.

La sanción priva a Alejos de fondos depositados en EE. UU. o entidades relacionadas alrededor del mundo, lo cual reduce su margen de maniobra y lo aísla de allegados que podrían correr su misma suerte. La designación tiene causales diversas: terrorismo, lavado de activos, vulneración de la seguridad nacional, narcotráfico, colaboración con redes criminales y, en el presente caso, corrupción: una advertencia elocuente para todos aquellos diputados y partidos que en la elección de magistrados aún quieran seguir los designios de Alejos.