Puede afirmarse en tono metafórico que el escenario político del país padece, a cinco meses y 16 días de la convocatoria a elecciones generales, de una especie de “estanflación”, como la que afecta a la economía global: un enorme circulante de organizaciones políticas, de comités aspirantes a partidos, de figuras viejas que se lanzan de nuevo a pescar en río revuelto. En contraposición, existe un electorado decepcionado, escéptico y que recién empieza a vislumbrar en toda su dimensión el estancamiento institucional al que lo ha arrastrado el oficialismo de turno, a fuerza de bisagras, clientelismos e intercambios de favores.

Desde su instalación en 2020, el Tribunal Supremo Electoral ha dejado pasar tiempo sin entrarle en serio y sin poner presión alguna a las reformas electorales. Además le puso pausa a todos los procesos disciplinarios contra partidos políticos que cometieron delitos electorales, entre los cuales figuran algunos a los que pertenecen diputados que votaron por los actuales magistrados. Cancelación de agrupaciones como la Unión del Cambio Nacional, la Unidad Nacional de la Esperanza o FCN-Nación —de cuyo gobierno fue ministro uno de los titulares del TSE— han avanzado poco o nada. Dilaciones, permisos para entregas extemporáneas de documentos o recursos judiciales improcedentes han servido para que tales entidades políticas sigan abiertas y con la intención de entrar en las papeletas.

Tal permisividad, pago de favores o indolencia se denotan a partir del comunicado del TSE en el que confirma fechas preliminares para la convocatoria a elecciones —20 de enero de 2023—, primera vuelta —25 de junio— y, en caso de ser necesario, el balotaje por la presidencia —20 de agosto— sin limpiar el tablero y sin certeza de las reglas del proceso.

A la actual legislatura le ha importado poco modificar las normas de participación y democratización en la nominación de candidatos, entre otros cambios necesarios a la Ley Electoral, simplemente porque no les conviene a sus partidos ni a sus patrocinadores ni a sus intereses. La única cláusula que han tratado de revivir es el transfugismo, práctica nefasta que se burla del votante. Los diputados ansían volver a negociar con base en algo que no les pertenece: una representación distrital o nacional.

Ya no hay tiempo para discutir, consensuar y aplicar reformas a la Ley. Esto implica una urgente tarea para el TSE: aclarar a la brevedad posible el reglamento de aplicación de las normas vigentes. Es un trabajo impostergable porque, mientras más tardanza exista, mayor será el riesgo de percepciones de discrecionalidad, casuismo o exclusión intencionada. La democracia electoral de Guatemala se encuentra muy probablemente frente a su mayor desafío, a causa de la atomización de opciones, la dispersión de propuestas y los clientelismos hinchados a fuerza de millonarios bolsones de recursos sin fiscalización. Las fechas de renuncia de funcionarios que quieran ser candidatos marca cierto punto de inflexión, pero se debe sancionar tajantemente la propaganda disfrazada de actos o gestiones públicas por parte de diputados, ministros, viceministros, secretarios y directores.

Respecto de narcopartidos y procesos por delitos electorales flagrantes, es necesaria la aplicación estricta de la Ley, con base en precedentes de supresión de vehículos electoreros que solo buscaban el acceso al poder de camarillas de saqueadores y traficantes de influencias. Cualquier otra transigencia, súbita indulgencia o condonación legalista será indicativo del talante ético de los magistrados.