El impacto de la pandemia en Guatemala va más allá de los lamentables efectos en la salud y la trágica cifra de decesos. Mucho se ha escrito sobre las deficiencias en los protocolos de atención, el manejo de los recursos económicos, humanos y de infraestructura, además de las persistentes denuncias en cuanto a la dotación de medicamentos, insumos, equipo de protección y áreas de atención para un potencial aumento de pacientes en fase aguda.

Varias dependencias del Estado se han visto afectadas debido a la detección de casos de coronavirus entre integrantes de su personal, con la consiguiente necesidad de efectuar pruebas a todos aquellos con quienes pudieron haber entrado en contacto y la consabida cuarentena preventiva. Este factor epidemiológico es especialmente sensible en entidades que prestan servicios directos y masivos a la población, tal el caso del Registro Nacional de las Personas, que hasta inicios del presente mes reportaba 16 casos positivos entre sus empleados: un potencial de riesgo exponencial debido a la afluencia de usuarios.

En todo caso, la propia lentitud en el desarrollo de los trámites condujo a la diaria formación de largas filas en el exterior de las sedes: una complicación adicional que pudo y debió preverse desde los albores de la pandemia en el país. No obstante pasaron cuatro meses para que se organizara una simplificación del procedimiento para reposición del documento de identificación personal, a fin de frenar las aglomeraciones. Si bien hay procedimientos de citas para trámites, la ciudadanía aún no conoce bien tales alternativas y se requieren atinadas campañas de divulgación, como una mejora en el servicio, pero sobre todo como medida sanitaria.

Cuando la misma ciudadanía comenzó, por precaución, a abstenerse de acudir a las instalaciones de esta entidad, se comenzó a gestar una nueva crisis, cuyo verdadero impacto podría registrarse a mediano y largo plazo, si no se toman medidas adecuadas: se redujeron drásticamente las inscripciones de nacimientos, un trámite normal, común y corriente que usualmente se concreta en el mes posterior al nacimiento de una criatura, so pena de multa.

El temor al contagio, las aglomeraciones y la ausencia de procedimientos alternativos para la inscripción de recién nacidos ya ha formado una creciente represa de personas nacidas pero pendientes de existir legalmente. Si en tiempos “normales” ya había casos de niños no registrados, este desfase podría convertirse en un atentado al derecho humano de contar con una identidad y una nacionalidad. Pueden esgrimirse excusas de que más adelante se buscará subsanar la caída en los registros, pero a la vez esto podría abrir la puerta a usos imprudentes o ilícitos de la inscripción extemporánea.

La caída de unas 70 mil inscripciones de niños —en comparación con las cifras del 2019— constituye un desafío que urge investigar, puesto que es inverosímil que se haya reducido a ese nivel la natalidad. Primero se debe confirmar que la baja obedece al lógico temor a un contagio y emprender las acciones necesarias para facilitar esas partidas de nacimiento. En todo caso, como en tantos otros órdenes de la vida nacional, puede ser el momento de emprender innovaciones en cuanto a las metodologías de registro de personas, puesto que además de las implicaciones para la identificación individual, también las hay de seguridad, nacional y global.