La generación de energía eléctrica en Guatemala ha registrado un aumento constante que busca responder a una demanda creciente, no solo para fines domésticos, sino también para uso industrial. En este auge cobran total sentido estratégico los planes de diversificación de las fuentes de producción, sobre todo aquellas que sean ambientalmente sostenibles.

El desarrollo de sistemas de generación de energía eléctrica estables, a costos asequibles y ecológicamente viables, es compatible con una visión de desarrollo nacional responsable que a su vez requiere de legislación clara, diálogo asertivo con las comunidades y un efecto tangible de los beneficios que conlleva la implementación de proyectos, con los correspondientes estudios de factibilidad, permisos ambientales y licencias de operación, así como contratos competitivos.

Por ello resulta lógica, oportuna y justificada la decisión de la junta de licitación del Instituto Nacional de Electrificación (Inde) de declarar que ninguno de los dos únicos oferentes para un contrato de generación eléctrica mediante energía solar cumplía los requisitos legales establecidos. Si bien la directiva del Inde podría tener la potestad de desoír el dictamen de la licitadora, esto sería contraproducente y sentaría un precedente nefasto, dados los serios señalamientos existentes contra este proceso, que incluso ha sustentado dos denuncias penales.

Desde el comienzo este concurso fue objeto de señalamientos, debido a la sospechosa premura con que fue convocado, pero sobre todo por la falta de estudios acerca de la factibilidad técnica y financiera del mismo, así como la carencia de una evaluación que justificara la tecnología fotovoltaica por implementar en cinco plantas que serían construidas en el suroriente del país y cuya ubicación tampoco estuvo sujeta a un análisis técnico debidamente acreditado. Dichas plantas estarían durante 20 años bajo usufructo de la empresa que ganara el concurso de generación y después pasarían a ser patrimonio del Inde, pero sin que exista certeza sobre la vida útil de ese tipo de tecnología.

No menos importante de señalar es el costo de producción de esta energía en las condiciones en que se estaba adjudicando. En promedio sería notablemente más cara que los precios actuales, con lo cual tarde o temprano habría que aumentar tarifas a los consumidores o que el Estado asumiera las pérdidas. Ambas alternativas son precisamente todo lo contrario de lo que se necesita lograr con un contrato de este tipo. Las razones e intereses potencialmente dolosos que conllevaron a apresurar y casi forzar la adjudicación de un contrato con la participación de varios integrantes de la directiva del Inde constituyen actualmente el objetivo de una investigación del Ministerio Público, que recientemente efectuó requerimientos de documentación en la sede de la entidad.

Es innegable que Guatemala necesita diversificar sus fuentes de aprovisionamiento eléctrico y en este cometido son claves más plantas de generación hidráulica, con biomasa, solares o también eólicas, a fin de reducir la necesidad de combustibles fósiles, como búnker o carbón, no solo para frenar la contaminación, sino para brindar mejores precios a los clientes. Pero tales procesos requieren de transparencia, certeza jurídica y pertinencia técnica; de lo contrario corren el riesgo de convertirse en botines para grupos interesados en medrar con los recursos y las necesidades de los guatemaltecos.