El Estado se organiza para proteger a la persona y sus derechos. Si agentes del Estado se exceden en el uso de fuerza, si menoscaban la dignidad del ciudadano, su razón de ser se pierde. Existen posturas reaccionarias que maquiavélicamente afirman que el fin justifica los medios, pero esto no tiene validez en un estado de Derecho, por el razonamiento inicialmente expuesto.

Seis policías rodean a un padre de familia que se atrasó camino a su casa y estaba en la calle después de las 16 horas, en un paraje de Sololá, cuando ya regía el toque de queda preventivo para proteger a las personas del covid-19. A cualquiera le puede suceder una circunstancia así. Puede llamársele descuido, imprevisión y hasta irresponsabilidad, pero no se trata de un delito, tan solo de una falta. En lugar de encaminar al hombre y a su familia a casa, lo detienen, suben a su hija de 3 años, visiblemente asustada, a la palangana de la patrulla, y luego la pasan a la cabina del vehículo. Un incidente que testigos indignados grabaron y evidenciaron en redes sociales. La PNC aseguró que investigaría si hubo algún tipo de abuso y eso suena razonable.

Lo que no suena tan razonable es que los diputados, en su maratónica sesión del 24 de marzo, se hayan recetado un artículo condonatorio que los exime de las restricciones del toque de queda, bajo el pretexto de que en cualquier momento podrían “fiscalizar” las medidas implementadas para frenar la propagación del coronavirus, sobre todo si se toma en cuenta que el domingo último esa misma fue la excusa interpuesta por un congresista de San Marcos, quien recorría calles de Quetzaltenango a bordo de una “mula”, un vehículo utilitario de recreo, junto a un acompañante.

Por su calidad de legislador, la PNC lo dejó ir sin mayor trámite. Sin embargo, la aprobación del artículo antes mencionado evidencia que no existía un claro amparo legal para su paseo fiscalizador. El miércoles 25 fue capturado otro congresista, en la ruta al Pacífico, también durante el toque de queda. Conducía bajo efectos de alcohol en un vehículo que se reportó sin placas, pero también fue dejado libre, debido a su fuero como legislador. De no haber sido así tendría que haber sido presentado ante juez, al igual que más de mil 500 ciudadanos que transgredieron la prohibición.

Después de dos semanas de suspensión, los impactos económicos en muchos hogares comienzan a aflorar, sobre todo en los de quienes trabajan en el sector informal, en el transporte urbano y extraurbano o en servicios directos y complementarios al turismo. Por un lado está la amenaza de salud y por el otro, la del hambre, la de no poder pagar los servicios esenciales, cuyo diferimiento no fue aprobado por los fiscalizadores diputados. Por otro lado, del multimillonario paquete de préstamos tan solo una parte de los fondos está directamente destinada a la emergencia, lo cual podría resultar contraproducente si se llegara a prolongar la cuarentena preventiva. Es como si los diputados, incluyendo a los cien nuevos, no tuvieran la defensa del derecho a la salud, al trabajo, a la alimentación de tantas familias.

Pero, eso sí, tuvieron la suficiente añagaza para introducir, dentro de la norma, una cláusula mediante la cual gobernadores, alcaldes, diputados o cualquier funcionario pueda gestionar recursos “de ayuda”, toda una licencia para el clientelismo. La reciente ley se hizo con las mismas artimañas de la vieja política y quien la elogia puede que esté engañado o bien tenga intereses en tal adefesio.