Aunque pasó desapercibida por la euforia del comienzo del nuevo gobierno, ayer empezó el trabajo de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (Came), en la cual durante las próximas semanas tendrá lugar la discusión y análisis de cerca de mil planteamientos de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que fueron presentadas por 77 organizaciones políticas, gremiales, académicos, institutos de análisis y grupos de la sociedad civil.

Instalada porque la misma ley electoral manda a evaluar, al terminar el proceso electoral, las posibles reformas para presentar una iniciativa de ley que permita mejorar el proceso siguiente, el resultado de las discusiones serán determinantes para el futuro político de Guatemala que, como nunca, ha sufrido en los últimos años una serie de vaivenes y desgaste debido a los malos actos de una buena parte de políticos, pero también por los vacíos legales que tiene la normativa vigente.

Entre los planteamientos, los temas más recurrentes son la democratización interna de los partidos políticos, la forma en que se vota por las diputaciones distritales, la inclusión para establecer cuotas de mujeres y pueblos indígenas, el financiamiento de las organizaciones políticas, el régimen de medios de comunicación y pauta durante la campaña electoral y el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Coincidentemente, este ejercicio, nunca realizado bajo este formato, corre paralelamente con los últimos meses de la gestión de los actuales magistrados del TSE, quienes deben ser sustituidos el 19 de marzo por quienes sean electos por el Congreso de la República, producto de un proceso de postulación que aún no arranca porque el mismo Legislativo no ha juramentado a la comisión que evaluará a los candidatos.

Un acto coherente será que los magistrados salientes, aunque reciban la propuesta final por parte de la Came, dejen en manos de sus sustitutos la decisión de presentar la iniciativa de ley al Congreso de la República. El mismo presidente del TSE ha considerado esto como la mejor opción, pero será el pleno de magistrados el que tenga la última palabra.

Hasta ahora se tienen planificadas siete reuniones para deliberar sobre las propuestas de reforma, y el llamado a las instituciones y personas que participarán en este ejercicio es que tengan la suficiente madurez y altura política para propiciar un espacio de consulta, deliberación plural y diálogo participativo sustentado técnicamente en torno a la calidad y efectividad del marco normativo sobre el régimen político electoral, favoreciendo su evolución, fortalecimiento y modernización.

La ciudadanía debe ejercer fiscalización al proceso y quienes integran las 77 organizaciones que presentaron propuestas deben vigilar las actuaciones de quienes los representan, pues no se debe perder de vista que una buena parte de los partidos políticos que estarán discutiendo sus propias reglas están integrados o liderados por personajes con pasados oscuros y protagonistas del deterioro de la imagen de la política nacional.

Lo valioso de esta oportunidad es que, a luz de las evaluaciones que se han hecho sobre lo que estuvo bien y lo que no funcionó en el proceso del 2019, se podrán realizar cambios para propiciar que la participación de la ciudadanía sea mayor.