En agosto de 2015 quedó registrada, en la hemeroteca de Prensa Libre, la propuesta de un candidato presidencial que planteaba como parte de su oferta de campaña “nivelar el presupuesto”, “disminuir los gastos de funcionamiento y administración del gobierno a través de un programa de austeridad”, promover “eficiencia en el gasto para impulsar el desarrollo humano”, y proponía además “aumentar los niveles de recaudación para nivelar el presupuesto” y “reducir y manejar un déficit fiscal de 2.3% con tendencia a la baja”, todas frases política y propagandísticamente correctas.

En realidad no se trataba de una aspiración nueva, pues ya desde la fallida Agenda Nacional Compartida, de 2004, firmada por una veintena de partidos, hoy mayoritariamente desaparecidos o agonizantes, se hacían propuestas y compromisos similares. En otras palabras, la necesidad de calidad y transparencia del gasto público se discute hace mucho, pero poco se concreta.

Aquel candidato de la austeridad es hoy el presidente Alejandro Giammattei Falla, cuyo gobierno plantea para el próximo año un presupuesto que roza los Q100 mil millones, lo cual, en sí mismo, no es censurable. El problema es que casi un tercio de dicha cifra se pretende financiar con más deuda pública, interna y externa. Hasta el momento el Ejecutivo no ha podido ejecutar eficientemente los créditos de emergencia aprobados por el Congreso para atender los efectos de la pandemia de covid-19 y que corren el riesgo de irse al fondo común, muy lejos del salvataje de micro y pequeñas empresas, del auxilio a desempleados, del apoyo a emprendedores y tantos otros destinos que en marzo se pregonaron con música de fondo.

Apenas una pequeña proporción de los Q99 mil 700 millones propuestos va para inversión pública. El resto va para sufragar el funcionamiento de un Estado que carga con toda una herencia de rémoras burocráticas que incluyen plazas clientelares, dependencias innecesarias, programas disfuncionales y pago de pactos colectivos abiertamente lesivos. Ante un Congreso abiertamente trastornado por los contubernios, el tráfico de favores y una directiva lerda para priorizar los temas de Nación, es fácil predecir que tal monto podría terminar de inflarse a fuerza de reasignaciones de rubros y proyectos, sumatoria de plazas y aquiescencia de un Ejecutivo dependiente.

Todo lo anterior se comenta en un supuesto de cierta normalidad que ya de por sí haría imposible alcanzar tal suma de recaudación. Sin embargo, el verdadero estado de las finanzas nacionales aún es una incógnita que pende de las proyecciones económicas trazadas por el Banco de Guatemala, las cuales, por más optimistas que se puedan pintar, marcan un escenario de números rojos.

Es urgente, vital, impostergable un recorte generalizado de burócratas, puesto que no se puede seguir sufragando un Leviatán voraz que, encima de todo, vive al crédito y con intereses que llegarán hasta una tercera generación de quienes ahora son niños. Lejos de elevar arbitrariamente las pretensiones impositivas se necesita de incentivos fiscales para potenciar la productividad y el crecimiento. Se necesita lo que ofreció el candidato: nivelar el presupuesto y disminuir los gastos de funcionamiento, así como ordenar los grandes proyectos de infraestructura en tiempo y calidad, para que se deje de repetir el círculo vicioso que abre agujeros en los bolsillos de los contribuyentes.