Nadie en su sano juicio adquiere un producto sin haberse cerciorado de su calidad y mucho menos compromete un adelanto del pago a menos que se tenga una absoluta certeza contractual del plazo de entrega, de común acuerdo, según las circunstancias. Esto aplica para situaciones cotidianas desde la compra de un aparato electrodoméstico, un mueble, vehículos, casas, y no se diga si se trata de la adquisición de millones de vacunas en uno de los momentos más apremiantes de la pandemia de coronavirus.

Las deficiencias del proceso se pueden rastrear al momento en que se analizaba la posibilidad de que el mecanismo Covax de Naciones Unidas fuera la vía para obtener los fármacos, aunque en aquel momento se señaló cierta displicencia presidencial en el manejo del tema. Existía la posibilidad de que el propio gobierno entablara comunicación directa y oportuna con fabricantes de vacunas que ya habían sido aprobadas por la Agencia de Alimentos y Medicinas de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) o bien por la OMS. La mayor prueba de la omisión o parsimonia de gestión es que otros gobiernos adquirieron y ya han recibido significativos lotes de vacunas, tal el caso de El Salvador, Panamá o Costa Rica. El gobierno de Guatemala se quedó varado con la opción de Covax, cuyo mayor reto ha sido la alta demanda en todo el mundo de dicho producto.

Hace un mes, sin quedar del todo claras las negociaciones o las razones concretas por las cuales se optó por la vacuna rusa Sputnik V, el gobierno de Guatemala anunció que había pagado un adelanto de Q614 millones, equivalentes a la mitad del costo de 16 millones de dosis cuya primera entrega se esperaba la semana anterior.

Para mañana se volvió a anunciar la llegada de un primer lote de apenas 50 mil dosis equivalentes a un 0.32 por ciento del total solicitado. Hasta cierto punto suena ilógica esta proporción después de haber entregado la mitad del monto. El gobierno se ha visto obligado a reconocer que el pago se efectuó a una empresa intermediaria representada por un empresario petrolero que no tiene experiencia en fármacos y cuya compañía cayó en bancarrota. Es posible que el resto de las vacunas llegue en los próximos meses, lo cual constituye ya de por sí un altísimo costo de oportunidad para la salud de miles de guatemaltecos.

Sin embargo, en este contexto salta un imprevisto más: cuando llegue el primer envío de vacunas, estas no serán utilizadas sino hasta después de que Salud haya enviado una dosis a prueba, en un laboratorio todavía no determinado, posiblemente en México Brasil o Argentina. Por cierto, en este último país se anunció recientemente que se comenzaría a fabricar también la vacuna Sputnik, posiblemente para distribución en Centro y Sudamérica. Las pruebas iniciales también serán referidas a Rusia para validar su eficacia.

Por más que se quiera tratar de entender las acciones y vacíos de comunicación del Gobierno, se acumulan ya demasiadas preguntas. ¿En cuánto tiempo se complementará la entrega del pedido de 16 millones de vacunas? ¿Qué pasará si la dosis enviada a laboratorio no supera la prueba? ¿Será capaz política y ejecutivamente el gobierno de rescindir un contrato por incumplimiento? Y finalmente, ¿cuando presentará públicamente el Ejecutivo el texto total del contrato mediante el cual se aceptó pagar tan cuantiosa suma sin saber cuándo se entregaría el enigmático producto?