Todo tratado o acuerdo que conlleve a una mejor relación entre Estados es loable y plenamente justificado en virtud de los principios de convivencia global. Negociar un convenio implica un diálogo abierto, público, transparente y claro sobre alcances y beneficios. No ocurre ello en el caso del trato denominado Tercer País Seguro, que busca convertir a Guatemala en repositorio de migrantes en espera de un supuesto asilo en EE. UU.. Las conversaciones no han sido ni abiertas ni públicas ni transparentes, al menos no por parte de los integrantes del gabinete de Jimmy Morales involucrados en cocinar tal instrumento. De no ser por el mismo presidente de EE. UU., Donald Trump, aún no se sabría qué se estaba negociando. Tal secretismo es un abuso de autoridad, pues si se trata de una medida que impactará a los ciudadanos, estos deben estar enterados y expresar libremente su opinión y voluntad al respecto.

Estados Unidos ha sido uno de los líderes globales en impulsar la democracia, los derechos humanos y la garantías individuales, por lo cual resulta claramente incoherente dentro de sus grandes principios fundacionales el amenazar a un país que ha sido aliado incondicional por décadas tan solo porque no se pliega a una falsa solución para la crisis migratoria, pero que se ha convertido en codiciada moneda para el discurso electoral de su actual presidente en busca de reelección.

Gravar el envío de remesas, imponer aranceles arbitrarios y otras medidas económicas en contra de Guatemala es una penosa contradicción respecto de los nobles objetivos de décadas de ayuda estadounidense al desarrollo, pero también lo es el sentenciar a este territorio, por el solo hecho de ser pequeño, a convertirse en un campo de refugiados a quienes el Estado no tiene capacidad de atender, tal como no la ha tenido el gobierno saliente para solucionar ingentes necesidades de salud, educación, empleo y desarrollo para sus propios habitantes.

Quienes por conveniencia o por miedo quieran ver la salida fácil en ceder a las presiones trumpistas e incluso aboguen por darle mano libre al desprestigiado Ejecutivo actual, deberían meditar con profundidad sus valores como guatemaltecos y su dignidad de ciudadanos de un Estado libre y soberano, para encontrar la razón fundamental por la cual es imperativo conocer en detalle todos y cada uno de los convenios discutidos a puerta cerrada en Washington.

En el plano global, la designación de Tercer País Seguro constituye una imprudencia, puesto que agravará las causas de la migración, debido a que no existen las condiciones para recibir una oleada de personas, cuya cifra se desconoce, por un tiempo también indefinido. Resulta extraño y oficioso el aval que algunas personas y grupos manifiestan hacia este plan avieso que únicamente beneficia a los intereses electorales del señor Trump, cuyo estilo de gestión, a base de impulsos y tuits, lejos de solucionar el gran problema migratorio lo ha agravado dramáticamente, por lo cual necesita una salida fácil al laberinto que construyó.

La dignidad nacional no se vende ni se alquila ni se regala. Por ello son inconvenientes las intimidaciones lanzadas desde ya contra magistrados y congresistas para presionarlos a avalar un acuerdo cuyo contenido se desconoce gracias al manejo ambiguo, de negación y doble discurso, que ha dominado a los funcionarios allegados a Jimmy Morales.