Es innegable el fuerte impacto sufrido por el sector de la construcción y el mercado inmobiliario durante los meses de restricciones sanitarias, pero comienzan a darse algunas señales de recuperación. De hecho, la continuación de proyectos inmuebles constituyó uno de los rubros económicos que lideraron la reactivación, bajo medidas de distanciamiento y desinfección, así como controles de salud, que continúan hasta la fecha.

La coyuntura no es fácil, porque los ingresos de los potenciales clientes e inversores se encuentran mermados. Sin embargo, dos mediciones independientes entre sí marcan una pujanza alentadora. El índice de confianza de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) mejoró casi 16 puntos en agosto último hasta llegar a 54. Mientras tanto, la comuna capitalina también efectuó un sondeo entre inversores y empresarios, el cual evolucionó de 39 puntos de confianza en abril a 46 en agosto.

No son cifras óptimas; no obstante, deben ser cotejadas en un contexto de abrupto freno a la actividad económica por las medidas de emergencia contra el covid-19. En marzo último prácticamente todos los proyectos quedaron detenidos y a partir de junio fueron retomados de forma paulatina, en una conjunción de factores que involucra la baja temporal en la demanda de inmuebles de todo tipo, la necesidad de recuperar la inversión efectuada y la adaptación a los nuevos intereses y capacidades de pago de potenciales compradores. Es aquí donde juega un papel clave el trabajo del Congreso de la República, que tiene pendientes de discusión y aprobación varias normas relacionadas con la reactivación económica, la inversión pública y el estímulo a créditos populares.

Algunas de estas iniciativas están relacionadas con el tema de la vivienda y el desarrollo de infraestructura pública, por lo cual es preocupante que hasta ahora los diputados hayan prestado poca o ninguna atención a este tema. Se podría atribuir tal indiferencia al desconocimiento, desinterés o incluso a intereses creados. No pueden argumentar que tengan una agenda cargada de prioridades políticas serias, porque tampoco las han atendido y se puede citar el caso de la relegada elección de nuevos magistrados de cortes.

Este es el momento en el cual los congresistas pueden mostrar, por fin, una mayor conciencia sobre la importancia del sector construcción en todas sus ramas como un motor importante de la recuperación económica y generación de empleo. Algunos diputados, vinculados con empresas constructoras de allegados, en lugar de actuar con responsabilidad están más bien empecinados en cerrar espacios y acaparar proyectos públicos, quizá a cambio de su voto en la aprobación del Presupuesto 2021. Esta miopía ha sido perniciosa a lo largo de tres décadas. Se necesita cambiarla por una visión de bien común que fue lo ofrecido reiteradamente a los ciudadanos que los eligieron en 2019.

Facilitar el desarrollo de alianzas público-privadas, el otorgamiento transparente de proyectos y crear un efectivo sistema de supervisión de obras es vital. También urge una sólida ley de créditos preferenciales para la compra de vivienda popular. Las iniciativas están allí. Deben ponerse a trabajar en favor de la productividad. El desarrollo de proyectos genera oportunidades de trabajo que pueden frenar el éxodo de guatemaltecos a EE. UU., un fenómeno que, para mayor infortunio, repuntó en el último mes.