Un grupo de transportistas amenazó ayer con bloqueos para exigir la derogatoria de la ley que les requiere un seguro obligatorio de daños a terceros, el cual consideran “lesivo” para sus intereses. No mencionaron, sin embargo, los casos también lesivos en los cuales están involucrados conductores, cooperativas o empresas dedicadas a ese ramo de la economía cuando vehículos pesados ocasionan siniestros mortales, ya sea por impericia, fallas mecánicas o exceso de velocidad, tal como aconteció con las colisiones protagonizadas por camiones de volteo, el martes último, en la 20 calle, zona 10, y el bulevar Buganvilias, zona 6, el 28 de agosto recién pasado. En las dos hubo lesionados y fallecidos.

El 8 de septiembre colisionaron un tráiler y un autobús extraurbano en el kilómetro 154 de la CA-2 Occidente, en Suchitepéquez. Un día antes chocó un camión en el kilómetro 146 de dicha ruta. El 5 de septiembre dos tráileres y un autobús chocaron en el kilómetro 194 de la ruta al Atlántico, en Los Amates Izabal. El 3 de septiembre volcó un tráiler en el kilómetro 66, a inmediaciones de Escuintla. El 2 de septiembre, un camión cargado de bananos derrapó y quedó cruzado a media pista en la ruta al Atlántico. En ninguno de los casos anteriores hubo heridos de gravedad o fallecidos, pero cabe preguntar quién responde a los damnificados cuando sí hay cauda mortal.

Es probable que las compañías de transporte de todo tipo argumenten que se trata de gajes del oficio, situaciones que se dan con frecuencia, y entonces con mayor razón existe desde hace décadas la necesidad de contar con primas de seguro. Existen empresas que ya cuentan con este respaldo para su personal y para terceros.

El problema es que en Guatemala no existe una regulación de seguro obligatorio para todo vehículo motorizado que utilice la vía pública: desde tuctucs hasta dobles remolques, pasando por vehículos particulares, picops y camiones. Asumir ese costo se toma como una queja, como un inconveniente e incluso como una pérdida, cuando en realidad es un factor de calidad y competitividad.

Es poco aconsejable que el Gobierno ceda a esta presión, pues a la larga resultará contraproducente, sobre todo al momento de ocurrir tragedias como la acontecida el 1 de marzo de 2018, en la cual un camión fuera de control embistió a más de 20 vehículos en el puente de San Cristóbal, hecho que dejó siete fallecidos, personas totalmente ajenas al quehacer del transporte de carga y que aquel día jamás pensaron que encontrarían la muerte: toda una lesividad colectiva que merece evitarse.

Es posible también que muchas imprudencias de conductores agresivos en ruta sean cuestiones individualizables; es decir, no se puede generalizar ni crear prejuicios. Por el contrario, existen pilotos avezados, conocedores de rutas, respuestas físicas de vehículos y amplios defensores del mantenimiento como ruta para para atajar fallas en frenos, suspensión o dirección. Lamentablemente, se siguen observando pilotos de autobuses que crean terceras y cuartas filas, rebasan en curva, que juegan a las carreras con todo y vidas a bordo, que no poseen licencia profesional, que conversan e incluso envían mensajes de texto frente al volante y otras conductas que con frecuencia tienen un costo monetario real a la hora de cobrar deducibles de seguros. Amenazar con dañar la locomoción de otros para imponer el rechazo a una regla justa solo refuerza la necesidad de esta.