La condición de indocumentados de la inmensa mayoría de migrantes, de cualquier nacionalidad y proveniencia, los expone frecuentemente a exacciones de autoridades, policías e incluso suplantadores, pero también al asedio de bandas delictivas que los secuestran para utilizarlos como mercancía de cambio, como “mulas” para el trasiego de drogas o bien para esclavitud sexual, sobre todo en el caso de mujeres y menores: toda una tragedia humana consecuencia de la búsqueda de mejores oportunidades, denegadas por las circunstancias en el país de origen.

La condena a 47 años de prisión contra siete integrantes de una banda de secuestradores de migrantes trascendió ayer. El grupo actuaba en el área de Jutiapa y entre sus víctimas se cuentan salvadoreños y hondureños que iban en ruta a EE. UU. La estructura los retenía bajo amenazas y contactaba a los familiares en Estados Unidos para que pagaran un rescate, so pena de matarlos. El Ministerio Público difundió ayer la noticia como un logro, y en efecto lo es. Solo habría que evaluar cuáles fueron los factores procesales por los que la sentencia llega cinco años después de la captura de los hechores.

Para el sistema de justicia también resulta importante este fallo condenatorio, pues pone en relieve el impacto del asedio a migrantes. Usualmente, casos como este son solo la punta del témpano. Las denuncias de cobros ilícitos, amenazas u ofrecimientos de salvoconductos pagados han abundado en el último lustro, así que deberían existir más procesados por esos ilícitos. Si Guatemala no aplica con rigor la ley a estos delitos, ¿con qué autoridad moral exigirá justicia para los connacionales en tránsito por México que padecen similares o peores suplicios?

A finales de septiembre, Prensa Libre y Guatevisión denunciaron aparentes irregularidades en el actuar de policías que se instalaban en el tramo entre la frontera de Agua Caliente y Esquipulas, justo en el pico del éxodo haitiano. Los indicios apuntaban a cohechos directos o indirectos para dejar pasar a migrantes no centroamericanos e incluso albergarlos en hoteles sin ocupación turística, pagados por anticipado por los grupos facilitadores de trata. Algo anómalo ocurría porque a raíz de las publicaciones hubo cambio de agentes, se anunciaron investigaciones en Gobernación y se redujeron los retenes antojadizos y totalmente ajenos a las normas tácticas.

Trato humanitario no implica facilitar y mucho menos alentar el desplazamiento ilegal de personas de cualquier nacionalidad. Por el contrario, la aplicación de las leyes nacionales es fundamental para desalentar el actuar de bandas de tráfico de migrantes y hasta para reducir riesgos sanitarios prevenibles. Las discrecionalidades abusivas, las connivencias bajo la mesa y la porosidad en el actuar institucional son riesgos para la seguridad nacional porque entrañan actos corruptos en beneficio de mafias.

Finalmente, cabe traer a colación que la tragedia migratoria se ha acentuado en el período de Giammattei Falla, pues en el último año aumentó 7% la cantidad de detenidos en la frontera estadounidense. 141 mil 309 guatemaltecos fueron capturados. Además de ellos había 58 mil 778 menores de edad no acompañados y 82 mil 882 unidades familiares: una desesperada procesión, más de 350 compatriotas salieron cada día del país hacia lo incierto. Como mínimo, se deben demandar garantías para su integridad en tan azaroso camino.