Si acaso hay algo peor que un mal consejo es un consejo aparentemente bueno pero que no va precedido de un un buen ejemplo, y de esta clase de conductas está repleto el Congreso de la República a lo largo de legislaturas completas. La actual, en su primer trimestre, ha mostrado que no se libra de caer en ese patrón. Quizá sea la falta de liderazgo, la sensación de impunidad con la cual se mueven muchos diputados y exdiputados señalados —que ahora son “asesores”— o simplemente la herencia de acomodo que persiste en los partidos políticos, que suelen encontrar en las crisis un caldo de cultivo perfecto para urdir nuevas redes de conveniencia.

A raíz de los hábitos discrecionales de la anterior directiva, se incurrió en la creación a dedo de comisiones designadas por la presidencia congresil para efectuar determinados encargos. El actual presidente del Legislativo no designó una, sino cuatro comisiones compuestas por miembros de la alianza oficialista. Cada grupo tiene a su cargo la fiscalización de determinados aspectos de la gestión gubernamental durante la calamidad, pero dada la ausencia de diputados opositores se abre desde ya la duda de la efectividad de tales monitoreos.

Sin entrar en estériles debates de prejuicios ideológicos, la experiencia señala que todo grupo afín al gobierno de turno se topa invariablemente con el conflicto de interés de las filiaciones partidarias y los repartos de poder. Si a esto se añaden miles de millones de quetzales en créditos aprobados no quedan lejos las suspicacias sobre los verdaderos intereses del oficioso acompañamiento fiscalizador, función que en la historia reciente ha sido invocada por diversos personajes para enmascarar chantajes, tráfico de influencias y hasta cobro de comisiones ilícitas.

Por otra parte, la fiscalización sobre el uso de fondos públicos es, por ley, una misión primordial de la Contraloría General de Cuentas, cuyo titular fue electo hace un año y a la fecha no se tiene noticia de hallazgos o reparos más allá del primer trimestre de 2019, según puede apreciarse en su sitio digital, en donde, de oficio, debe publicar sus resultados. Cabe anotar que dentro del paquete económico aprobado por el Congreso recibió una ampliación presupuestaria sin que a la fecha quede claro específicamente en qué se invertirá o, en relación con la ejecución de fondos de emergencia, cuáles serán sus mecanismos extraordinarios para auditar de manera eficiente la calidad del gasto.

El Congreso también tiene la función de fiscalizar al Ejecutivo, pero el espíritu de la ley apunta al principio de pesos y contrapesos, no al riesgo de complacencia o simulación. Para poder hacer efectiva la anunciada intención de inspeccionar la eficiencia en el reparto de ayuda alimentaria o económica, la transparencia en la adquisición de insumos sanitarios y la correcta ejecución de los rubros presupuestarios se hace necesario que las comisiones sean electas en el pleno, por sorteo y con la inclusión de todas las bancadas presentes.

Haber logrado un arreglo partidario de última hora para obtener la directiva legislativa puede convertirse en una férula si los compromisos se limitan a una agenda de intereses parciales. El presidente del Congreso aún está a tiempo de abrir las puertas a la transparencia, a la sana crítica y a las voces disidentes, puesto que esta es la naturaleza de cualquier legislativo, pero para ello es necesario derogar las comisiones de aliados que pueden terminar por hacer más daño que bien y a un costo de oportunidad incalculable.