En el contexto de una mortífera crisis de salubridad sin precedentes, el Gobierno enfrenta complicaciones en varios frentes. En esta confluencia de factores se entremezclan las decepcionantes ineficiencias de presidentes anteriores y también errores recientes que incluyen nombramientos de personas incapaces de enfrentar los retos de las dependencias para las cuales fueron designados, quizá por una mala evaluación de sus verdaderas aptitudes o porque simpatías politiqueras los colocaron allí.

La emergencia del covid-19 exhibe las precariedades del sistema hospitalario, asolado durante décadas por toda clase de abusos: malas administraciones, compras sobrevaloradas, infraestructura abandonada, contrataciones lesivas y hasta robos hormiga por parte de empleados inescrupulosos, usualmente sindicalizados, lo cual los hace inamovibles. Por cierto, tales grupúsculos no aparecen por ninguna parte para reclamar mejoras concretas en la atención de la emergencia.

Hace exactamente un mes, los médicos del hospital de Villa Nueva se armaron de valentía para denunciar la falta de equipo de protección y un día después salieron los del hospital temporal del Parque de la Industria para señalar una situación similar, pese al timorato apoyo de la dirección de este centro, más preocupada por proteger la imagen de las autoridades ministeriales que en garantizar la integridad del personal. Han pasado 30 días y muchísimas excusas. Ayer dimitieron dos integrantes de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19, y en plena escalada de casos, médicos del hospital Roosevelt piden auxilio por temor al colapso.

Es penoso y ridículo que la respuesta al apremiante pedido de auxilio de los médicos sea un anodino comunicado en redes sociales, posiblemente calco de otros anteriores, en el cual se afirma, de nuevo, que hay un diálogo y se buscan soluciones, con un tono de condescendencia y fingida cortesía que constituye casi un sarcasmo, una insensibilidad, una desconsideración, puesto que más parece elaborado por una rosca de aduladores que por una autoridad enfocada en atender la llamada de atención.

Afuera de los hospitales la penuria económica golpea a la población y hasta un 50% de habitantes se ve obligado a salir a trabajar, si es que aún conserva su empleo, o a buscar una oportunidad de ganarse el sustento. Entre esta necesidad y la actitud displicente de otros respecto de las medidas de prevención, expone a todos a una mayor alza de contagios, en un círculo vicioso que los programas de ayuda del Gobierno no logran subsanar.

Por si fuera poco el torbellino de factores, se agudiza el conflicto territorial entre pobladores de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. Ni la presencia del Ejército o la Policía bajo estado de Sitio parecen ser un disuasivo para nuevas hostilidades, enmarcadas en un contexto de prolongada impunidad que ha permitido el tráfico, almacenamiento y uso de armas de alto calibre. Si acaso, como se ha señalado, existen nexos entre las escaladas violentas y el crimen organizado, deben profundizarse las investigaciones para identificar a los responsables de fomentar el odio comunitario.

Por supuesto, también es clave la intervención de una comisión de diálogo de alto nivel, pero dirigida por un experto idóneo, capaz y responsable, no por un allegado designado a dedo; lo mismo aplica para el resto del Ejecutivo, que en este momento precisa de criterios amplios, experiencias comprobadas y capacidad de actuar con visión de Estado.