La libertad de expresión y la libertad de prensa son pilares fundamentales del estado de Derecho. Los regímenes autoritarios, con ínfulas dictatoriales, buscan a toda costa acallar la divulgación de hechos, datos y realidades. Lamentables ejemplos se han observado en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua; sin embargo, en Guatemala no faltan síntomas de esta cerrazón.

La intolerancia, el hostigamiento y la intimidación persisten por parte de funcionarios electos, adláteres, alcaldes y diputados que con frecuencia buscan ocultar del ojo ciudadano determinados asuntos, conexiones, conflictos de interés y amaños de procesos institucionales que deterioran el marco democrático. Precisamente por ello es tan valioso el artículo 5 de la Constitución de la República de Guatemala, que garantiza la libre expresión del pensamiento sin cortapisas y que establece tajantemente que no constituyen delito las críticas y señalamientos en contra de funcionarios, ya sea en el ejercicio del cargo o posterior al mismo.

El periodismo es un servicio público, y sin él no hay democracia. Dicho de otra manera: la libertad de prensa no beneficia solo a los periodistas. Es la única herramienta contra el autoritarismo y la corrupción. Si se pierde, todos perdemos, sobre todo en estos tiempos digitales en que se ha diversificado la oferta informativa y se ha potenciado la posibilidad de expresión individual mediante comentarios y redes sociales. La misión de los medios informativos independientes es reunir hechos y datos para presentar noticias serias en diversos campos de interés.

Una sociedad no puede ser libre si no conoce la realidad de lo que sucede, y la ciudadanía es la más afectada por el bloqueo parcial o total al libre acceso a la información. Los funcionarios públicos se acicalan para proyectar una imagen conveniente de acuerdo con sus intereses y agendas, especialmente en los meses preelectorales que se avecinan. Es allí en donde los periodistas presentan al público perspectivas sobre el desempeño, la calidad del gasto, las deficiencias en el cumplimiento de promesas: una auditoría informativa que a menudo incomoda, porque no está al servicio de propósitos politiqueros, sino del país.

Se viven tiempos desafiantes para la democracia. Pactos aviesos amenazan los principios de separación de poderes. Los gobiernos tratan de hacer su propia versión a la medida de supuesta lucha anticorrupción, en la cual quieren ser juez y parte, con la cooperación de otros actores oficiosos que también resienten el señalamiento puntual de sus despropósitos, abusos y opacidades.

Es deplorable toda agresión contra comunicadores sociales, pero aún más lamentable es la lentitud de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas. Están eden la impunidad 116 casos de hostigamiento, ataques y amenazas en el último año; 265, si se abarcan el 2020 y el 2021. Pese a ello, la labor periodística continúa precisamente porque los periodistas creen en la democracia, en la cuentadancia y en una Guatemala mejor.

Cualquier intento por acallar a la prensa es fruto de mentes retrógradas, carentes de capacidad para responder a las expectativas que profirieron en mítines y por las cuales deben rendir cuentas. Sin periodismo no se habrían exhibido casos millonarios de corrupción. Sin periodismo no se habrían señalado las intromisiones de operadores políticos en las elecciones de magistrados. Sin periodismo no se habría expulsado del poder a Serrano Elías en 1993, no se habría depurado el Congreso en 1994 y no se conocería el contrato ruso que oficialmente el Gobierno aún no revela, por mencionar algunos ejemplos.

La prensa independiente demuestra su vocación democrática a diario, porque trabaja para el ciudadano honrado y digno. En Prensa Libre y Guatevisión reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos constitucionales. Rechazamos cualquier intento de censura, ya sea en forma de leyes o medidas que intenten imponerla.