Es evidente que está girando la ruleta de los intereses impúdicos para tratar de tapar gastos injustificados, invisibilizar contratos amañados y ocultar plazas fantasma a través de la Contraloría General de Cuentas, ente encargado de la fiscalización cuya efectividad depende de la integridad de su titular. Las apuestas están colocadas, sobre todo por parte del pacto oficialista, que necesita desesperadamente asegurarse de la fidelidad del siguiente contralor general. El proceso de elección, en pleno año electoral, reviste especial interés porque esta posición es clave para poder permitir o bloquear la participación de funcionarios, exfuncionarios o alcaldes en el próximo proceso eleccionario mediante la emisión de finiquito o su denegatoria.

Parte de esa pugna se evidencia en el enfrentamiento legal entre la Junta Directiva y el Tribunal Electoral del Colegio de Contadores y Auditores. Una discrepancia que bien pudo solucionarse a través de un diálogo maduro se convirtió en un litigio que ahora está en manos de la Corte de Constitucionalidad, con lo cual ambos grupos evidencian su falta de profesionalismo y su incapacidad para resolver problemas gremiales. En dos platos, la disputa se generó porque el presidente del Colegio, Marco Tulio Francisco Bautista, convocó a la elección de nueve representantes para la postuladora de contralor. José Antonio Vielmann, presidente del Tribunal Electoral de la entidad, denuncia usurpación de funciones, pues es a este ente al que le corresponde convocar.
En la postuladora de la CGC participan rectores universitarios, decanos y entes colegiados para elaborar una nómina de seis aspirantes de la cual el Congreso elegirá al nuevo titular. De hecho ya se eligió a su presidente, el rector de la UVG, Roberto Moreno.

La Constitución establece en su artículo 232 la definición de la CGC: una institución técnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. A esta fiscalización están sujetos los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que por delegación del Estado invierta o administre fondos públicos.

En una época de contratistas devenidos en diputados o funcionarios o de ministros convertidos en ejecutores de ambiguos decretos legislativos se necesita una CGC fuerte. Por ejemplo, la mayoría de contratos viales de la transferencia de Q3 mil 191 millones al Ministerio de Comunicaciones ya fueron adjudicados. Al consultarle al actual contralor sobre cómo fiscalizaría la ejecución, solo atinó a excusarse diciendo que no tenía suficiente personal y que quizá haría algunas revisiones al azar.

Se necesita de un contralor o contralora con los atributos bien puestos para velar por el mejor interés del pueblo de Guatemala, no a favor de gavillas de interesados en medrar a costa del erario. La politiquería ha interferido, de manera creciente, en la designación y el trabajo de la CGC, a fin de lograr una institución subyugada a sus intereses. En la disputa del Colegio, la CC debe fallar con apego a Derecho y tomando en cuenta lo legalmente actuado en eventos previos. Es clave que la postuladora tenga tiempo para trabajar en el plazo legal y que se pueda elegir en nómina a profesionales sin señalamientos y sin nexos políticos, pese a que son bancadas y partidos los que al final eligen al fiscalizador.