Uno de los grandes valores consignados en el primer editorial de Prensa Libre y que se ha exaltado y defendido a lo largo de siete décadas es el sistema democrático y el fundamento institucional sobre el cual se desarrolla. El comportamiento irresponsable, desconsiderado y desleal de numerosos politiqueros crea una impresión falsa de lo que la democracia verdaderamente representa.

Lamentablemente para muchos ciudadanos jóvenes, la democracia parece equivaler a desorden, a resignación ante los desmanes de funcionarios e incluso a un círculo vicioso de sucesión de una camarilla de aprovechados por otra igual o peor. Los escasos avances en desarrollo humano son un síntoma del manejo inadecuado de las prioridades nacionales y una consecuencia de actos de corrupción cometidos entre sombras, pero que siempre salen a luz.

El deplorable estado de planteles educativos, el deterioro de la infraestructura para salud, la falta de nuevas y mejores carreteras y la galopante desnutrición crónica que afecta a millares de niños no son culpa de la democracia, sino de la instrumentalización del Estado por personajes grises, mafias del saqueo y grupos del crimen organizado a quienes solo les importa su beneficio.

El sistema político se ha empobrecido a causa del incumplimiento de la misión de los partidos como interlocutores entre la ciudadanía y el Estado. Pasaron de ser representación de ideales a alambiques de ambiciones disimuladas bajo discursos populistas y demagógicos. En lugar de definidas declaraciones de principios éticos refrendadas con acciones, las agrupaciones actuales parecen empecinadas en cubrir las apariencias, obtener privilegios e imponer sobre la ciudadanía cargas que, como los fariseos del Evangelio, ellos no quieren tocar ni con la punta del dedo.

Basta ver la displicencia con la cual sucesivas legislaturas aprueban una creciente deuda pública sin revisar mecanismos para asegurar la eficiencia del Estado, el ahorro de recursos y la eliminación de gastos suntuarios. Lo mismo vale decir de sucesivas administraciones del Ejecutivo que parecen imbuidas en una inercia burocrática que pretenden disfrazar con la creación de más burocracia, a fin de otorgar plazas a allegados.

Los hechos ocurridos en el ámbito político y judicial en la última semana, producto del pulso entre dos grupos que buscan aumentar sus cuotas de poder; la exposición pública ante el mundo, cuando la comunidad internacional alerta a los ciudadanos sobre riesgos para el futuro del estado de Derecho, o la cancelación política del principal aliado del Gobierno en el Congreso hacen recordar que la democracia en Guatemala ha requerido muchos sacrificios y un enorme costo de oportunidad, y que por ello las garantías ciudadanas, impensables hace apenas cuatro décadas, deben ser defendidas y bien utilizadas.

En pleno año de la conmemoración del bicentenario de la Independencia, que puede tener variedad de connotaciones pero es una ocasión significativa, la ciudadanía debe exigir a los diputados y funcionarios que trabajen con una agenda en favor del desarrollo. Debe pedir al Tribunal Supremo Electoral que depure cuanto antes el sistema político, pues es esta quien tiene la posibilidad crítica de juzgar y descartar todas aquellas opciones caducas cuyas acciones de irrespeto a la ley y a la inteligencia de los guatemaltecos las hacen no idóneas y, por supuesto, depurables.