Después de meses de estéril distanciamiento y a tres semanas de haberse declarado la mayor crisis institucional en los 11 meses del actual gobierno, el presidente Alejandro Giammattei y el vicepresidente Guillermo Castillo efectuaron ayer un pronunciamiento conjunto referente a acciones concordadas para el corto y mediano plazo, dentro de las cuales destacan la implementación de un gabinete especial para atender a comunidades impactadas por las lluvias, la revisión del Presupuesto 2021, la evaluación de desempeño de ministros y la supresión de la polémica secretaría denominada Centro de Gobierno.

Se desconocen las interioridades del diálogo efectuado por el binomio, pero resulta oportuno el anuncio de este entendimiento a nivel de desempeño de funciones y definición de prioridades, puesto que cualquier Gobierno debe demostrar unidad para subsistir. Claro, debe haber espacio para el disenso, la crítica y enfoques innovadores, pero siempre bajo el amparo de una institucionalidad que representa a su vez la unidad nacional.

En todo caso cabe resaltar que esta conferencia es un nuevo punto de partida, pero hay poco tiempo para demostrar su efectividad. Solo los resultados tangibles, las directrices concretas y la certidumbre administrativa confirmarán la veracidad de los enunciados. La ciudadanía guatemalteca se encuentra hastiada de las excusas, de los cruces de señalamientos, de los manejos irresponsables de recursos públicos -por cierto, sigue sin aclararse en qué pararon los Q135 millones de Caminos- y sobre todo de esa sensación de total indiferencia de políticos y funcionarios respecto de la situación agónica que viven miles de guatemaltecos en pobreza.

Y si para el Ejecutivo se hace necesaria una acelerada reingeniería de personas y procesos, el Congreso de la República necesita una total conversión de objetivos. La actual legislatura, también en 11 meses, no ha producido más que desencantos y solo han sido eficientes para aprobar endeudamiento y dispendios. Llevan ya seis meses de evadir la elección de magistrados de Cortes simplemente porque les conviene la inercia actual y porque se resisten a rendir cuentas al votar de viva voz.

Aunque se entiende que el oficialismo precisa de apoyos para impulsar su agenda, no se puede usar de excusa esta circunstancia para perder el rumbo y dejar de lado las claras prioridades legislativas que hasta ahora no han sido cumplidas. Queda tiempo hasta el 14 de enero de 2021 para configurar una agenda nacional consensuada de iniciativas, reformas y acciones urgentes, las cuales comienzan, claro está, por dar nueva dirección al Organismo Judicial, con un sentido de Nación y no de búsquedas de impunidad ulterior. De no ocurrir esto con la inmediatez y convicción ética debida, es posible que se acendren los reclamos ciudadanos de depuración, cuyo antecedente legal más cercano se remonta a 1994, cuando la ciudadanía votó a favor de remover a los llamados depurables en aras de mantener la institucionalidad del Estado.

El momento es crítico para articular una estrategia nacional incluyente de desarrollo y no hay tiempo para perder en rencillas de politiqueros oportunistas salidos de la nada y sin ninguna formación, lo cual se evidencia en los discursos de aquellos que han llegado a calificar despectivamente de “frijoleros” a sus electores, pero aun peor, que ningún otro representante le haya reclamado más respeto a la ciudadanía guatemalteca.