En el fluir de los días que atraviesa Guatemala se hace innegable la necesidad de acordar una estrategia de conjunto que aborde los grandes desafíos, con un enfoque de Estado, con la claridad de atacar las raíces del rezago en el desarrollo y con un profundo amor por esta sufrida y dulce patria. No se trata solo de enarbolar símbolos nacionales, dignos de todo respeto, sino, sobre todo, de asumir actitudes de coherencia y civismo que conduzcan a diálogos y acciones.

La reciente encuesta de percepción empresarial presentada por el Cacif refleja una nación en un punto álgido, debido a la falta de certeza jurídica, contradicción en fallos judiciales y retroceso en la inversión, que a la vez son causa del estancamiento en la generación de empleo y del crecimiento económico. La medición revela que son tres los mayores valladares al clima de negocios en el país: la conflictividad, las deficiencias en infraestructura y la corrupción. Cada uno tiene ramificaciones propias, pero poseen vasos comunicantes, puesto que la impunidad permitió el crecimiento de redes que medraron a costa de las inversiones para potenciar el desarrollo. El listado de desafíos enumerados por los encuestados continúa, en orden de importancia, con la lucha contra el crimen y el fortalecimiento de la institucionalidad.

Por ello resulta de gran importancia la institución de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), que ahora cuenta con nivel de fiscalía de sección. Tendrá a su cargo la investigación y persecución penal de denuncias relacionadas con corrupción y grupos ilegales, mediante un equipo que pasará de 60 a casi 140 elementos, entre fiscales, auxiliares, investigadores y técnicos, con la misión de proseguir casos ya judicializados pero sobre todo atender las denuncias ciudadanas.

La fiscal general fue enfática en resaltar que esta fiscalía será fortalecida mediante el concurso de otras unidades, la cooperación de la comunidad internacional y el apoyo de agencias de EE. UU., con una operación totalmente conducida por guatemaltecos.

Este esfuerzo por hacer prevalecer la legalidad en todos los órdenes del devenir nacional resulta oportuno y vital durante la actual elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y cortes de Apelaciones, un proceso que en 2014 estuvo manchado por el contubernio partidario, el tráfico de influencias y el afán de lograr ulteriores favores judiciales. Tal situación no puede repetirse, y aunque el procedimiento hace obligado el paso por el Congreso más cuestionado de la era democrática, los diputados deben saberse fiscalizados por toda la ciudadanía.

Aquellos grupos y personajes que se afanen en no querer ver la necesidad de cambio o que intenten prolongar aviesas prebendas deben caer en la cuenta de que encajan en la metáfora del rey desnudo: aquel relato del siglo XIX en el cual un monarca necio se sentía tan autosuficiente que no advirtió el engaño de un traje supuestamente mágico e invisible que le vendieron. Salió a desfilar desnudo y quienes lo adulaban le decían que era un maravilloso atuendo.

Una nueva Guatemala solo puede construirse con base en el reconocimiento pleno de los fallos y contradicciones que deterioraron la convivencia democrática. El abordaje judicial es útil, pero además el país requiere de nuevos emprendimientos educativos, fiscales, legislativos, nutricionales y también culturales. Para construir la agenda de despegue se requiere de un diálogo libre de extremismos en el cual los acuerdos sean respetados, honrados e implementados.