El maestro de Galilea dijo una vez que “el que no está contra nosotros está con nosotros”, y esta máxima de la bondad y el sentido común debaería ser integrada al plan oficial de contención del covid-19, cuyo caso número 25 fue revelado ayer por el presidente de la República, quien se ha esforzado por implementar instalaciones adecuadas de atención en pocos días, pero que podrían resultar rebasadas si en determinado momento se materializa un hipotético pero temido subregistro de casos, el cual se podría atajar mediante la multiplicación de pruebas diagnósticas, que fue el camino utilizado por países como Singapur, Alemania o Japón para frenar con mayor certeza los contagios.

Según datos de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), los países que mejor han afrontado la desaceleración de contagios y que han conseguido aplanar la curva de propagación de la pandemia global han sido aquellos que se han centrado en salirle al paso al pernicioso virus, con mayor velocidad, mediante la tecnología médica, la estadística y el manejo de patrones digitales, una postura en la cual coinciden con la Universidad de San Carlos, casa de estudios que ofreció sus laboratorios de bioseguridad para procesar ese tipo de exámenes, siempre y cuando se les dote de los insumos necesarios.

Esa propuesta no demerita los esfuerzos gubernamentales hasta ahora desarrollados y no debe leerse como un afán de protagonismo ni como un cuestionamiento a los protocolos implementados hasta la fecha. Simplemente, se hace necesario dar más pasos asertivos en la detección y tratamiento de potenciales pacientes. Ello solo es posible asegurándose de eliminar todo riesgo de subregistro en el plazo inmediato.

Según análisis del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, en inglés) y expertos de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), la aplicación de las apropiadas pruebas tipo PCR (reacción en cadena de la polimerasa, en inglés) permite detectar la presencia de material genético del coronavirus con mayor celeridad y masividad, a fin de aplicar medidas más focalizadas de aislamiento, prevención y atención.

El propio Ministerio de Salud aportó los requerimientos de la prueba idónea para este fin estratégico, cuyo costo de referencia es de US$60 por unidad, y de la cual Fundesa busca comprar un primer lote de cinco mil mediante una campaña de recaudación de fondos. Cabe anotar que la Organización Mundial de la Salud ha aportado buena parte de las utilizadas hasta ahora, pero se requiere de un esfuerzo de país para ampliar el alcance diagnóstico a todas las regiones del país.

El tiempo es un factor clave para frenar cualquier posibilidad de estallido. Si bien los infectólogos y virólogos han señalado que el padecimiento del covid-19 es inevitable, tarde o temprano, para cualquier persona, es vital proveer la atención más temprana posible, tanto para aminorar su impacto en el organismo como para conjurar su difusión. Este objetivo es de salubridad, pero también tiene una fuerte importancia económica, puesto que el aparato productivo del país no puede estar funcionando a medias indefinidamente. La decisión de permitir que el IGSS también haga pruebas de detección es importante, pero todavía no alcanza a todas las posibles áreas de potencial impacto. Si bien Guatemala aún tiene pocos casos en comparación con otros países, se necesita saber si tal logro es real y comprobado.