Irrespetuosa de la ciudadanía, violatoria de los principios de libre acceso a la información pública y altamente sospechosa de ser una tapadera de desmanes de partidos politiqueros resulta la resolución 10-21 del Tribunal Supremo Electoral, que clasifica como “reservadas” las investigaciones de delitos electorales emprendidas a partir de 2020; es decir, desde que los actuales magistrados asumieron los cargos.

Justo en el tiempo en que se habla de mayores riesgos para la infiltración de dinero ilícito en actividades políticas y cuando todavía no se ha dado cumplimiento a sanciones previamente fijadas, esta institución termina de socavar su credibilidad pública mediante una medida arbitraria, secretista y a todas luces inconstitucional. Es obvio que no se procura la defensa de los intereses ciudadanos, ni siquiera la garantía del cumplimiento de la ley, sino el encubrimiento de hechos punibles cometidos por integrantes de organizaciones políticas. Si no fuera tan sospechoso sería risible el argumento para esta restricción, acerca de que publicar datos del trabajo de la inspección electoral puede poner en “riesgo” eventuales pesquisas o incluso investigaciones judiciales.

En primer lugar, son obvias y frecuentes las transgresiones a la ley, en forma de campaña anticipada, promoción de posibles candidatos y uso de recursos públicos para beneficio de posibles aspirantes a diputaciones, alcaldías e incluso la presidencia. Ocultar las pesquisas más parece un deliberado deseo de prolongar tales abusos que solo debilitan la institucionalidad y la credibilidad democrática.

Por otra parte, qué procesos judiciales o sancionatorios pueden peligrar, si los actuales magistrados se han encargado de entrampar los casos que ya habían resuelto sus antecesores. Puede ser que tenga algo que ver el hecho de que haya sido electo por la mayoría oficialista un exfuncionario del anterior gobierno o una excandidata de un partido que no logró mayor caudal político, entre otros vínculos y conflictos de interés que originan marcadas suspicacias.

La ocultación de datos avalada por el pleno de magistrados del TSE no es la única ni la primera acción que deja entrever posibles nexos o pagos de favores. Apenas una semana después de haber asumido suspendieron todos los procesos de sanción de delitos electorales y la supresión de varios partidos políticos, supuestamente para profundizar las investigaciones u otorgar plazos para la presentación de pruebas de descargo por violaciones ocurridas en 2015.

Hace poco más de dos meses dieron otro paso más en la obvia ruta de querer congraciarse con integrantes de la alianza oficialista: presentaron una iniciativa de reformas a la Ley Electoral dentro de las cuales se incluía un artículo que revive el nefasto transfuguismo, práctica desleal de diputados que se van con el mejor postor en lugar de defender los legítimos intereses de sus electores.

Lo más lamentable de todo es que no hay una sola voz disidente, algún magistrado titular o suplente que rompa el silencio y se atreva a dejar por escrito su oposición a tan imprudentes y perniciosas medidas. Nadie obliga a nadie a fundar un partido político. Son entidades de derecho público, que se conforman con la finalidad de servir de interlocutores entre la ciudadanía y el Estado con base en un código de valores. Por lo tanto, estas organizaciones no pueden pedir ni exigir y mucho menos imponer secretismo sobre sus acciones. Y si ellos no están facultados para ello, ¿por qué lo hará gratuita y oficiosamente una institución que se creó para defender la representatividad democrática?