En una sorpresiva audiencia judicial, de esas que tienen la conveniente peculiaridad de ser celebradas un viernes, como para que el fin de semana amortigüe su carácter dudoso, la jueza de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz, condenó a dos años de prisión a José Luis Benito —exministro de Comunicaciones en el mandato de Jimmy Morales—, quien se declaró culpable del delito de “conspiración para lavado” por el caso de las 22 maletas repletas con Q122 millones incautadas el 16 de octubre del 2020 por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

La prensa no pudo estar presente en la audiencia, que se efectuó bajo secretismo, por requerimiento de los abogados de Benito, que fue aceptado por el actual fiscal al frente del caso, Pedro Otto Hernández. La pena es de cuatro años, pero con la admisión de cargos se reduce a la mitad. Sin embargo, hasta la fecha no se han aclarado cuestiones torales y de interés nacional como de dónde provenía ese descomunal botín en efectivo, por qué estaba escondido en esa vivienda, a dónde o a quién sería trasladado y con qué finalidad.

Al final de la audiencia el Ministerio Público (MP) declaró estar en desacuerdo con la sentencia, pero esto contrasta con haber admitido la reserva de la audiencia de un juicio tan escandaloso, cuyas pesquisas llevaron a un allanamiento el 19 de febrero del 2021 en una casa que la Fiscalía relacionó con Giorgio Bruni, quien fue secretario privado del expresidente Alejandro Giammattei pero que renunció un día antes, el 18 de febrero. El delito que el extitular de Comunicaciones admitió fue “conspiración para el lavado” y no el de lavado, por el que estaba acusado en un inicio. De nuevo se desconoce por qué la jueza cambió o aceptó modificar la tipificación por una más favorable.

La previsible apelación del MP debería incluir la objeción contra el cambio del tipo de delito. Según conjeturas en corrillos judiciales, la supuesta justificación sería porque solo una de las maletas tenía colocada la etiqueta de un viaje aéreo de Benito efectuado en el 2018 y que entonces esa sería la única pieza de evidencia conexa con él, según el argumento de la defensa, que trató de desacreditar la conexión del exfuncionario con el inmueble, el cual, no obstante, fue extinguido a favor del Estado, igual que los Q122 millones. Además, Benito estuvo prófugo durante más de un año y se presentó cuando los anteriores fiscales de la Feci habían sido destituidos.

El exministro lleva casi dos años en prisión preventiva, y por tal razón la sentencia mínima impuesta por la juzgadora estaría casi cumplida. Pese a ello, hay una situación que impide su puesta en libertad: Benito se encuentra procesado por otra causa durante el gobierno de Morales: la construcción defectuosa del libramiento de Chimaltenango, inaugurado en el 2019. En la temporada lluviosa de aquel mismo año comenzó a registrar derrumbes constantes, con lo cual se puso de manifiesto un fraude lesivo para el erario y la ciudadanía.

Por montos mucho menores, el MP ha pedido hasta 20 años de cárcel por el delito de lavado de dinero. Se desconocen los términos del acuerdo mediante el cual se negoció la admisión de cargos y la información que vaya a proveer el exministro. Por otra parte, de la jueza Cruz cabe recordar que el 16 de agosto del 2018, cuando fungía como suplente, otorgó libertad condicional sin fianza a la hoy exmagistrada Blanca Stalling, quien se encontraba en prisión preventiva sindicada de tráfico de influencias. Después de varios retrasos en el desarrollo del proceso, el caso contra Stalling fue sobreseído por un juez en el 2022.