Desde su origen, el Ministerio de Desarrollo (Mides) carga con el pecado original del clientelismo, enraizado no solo en la subrepticia pero perceptible politización implícita de sus programas, sino también en la pesada carga presupuestaria de burócratas de todos los renglones. Este defecto organizacional es útil y a la vez malsano, para mantenerlo como un bolsón de plazas electoreras que se incrementa en cada período de gobierno de manera vegetativa, onerosa y disfuncional, al punto de que en el plan de gastos para este año el 83% de su presupuesto se va en funcionamiento y el resto se destina a inversión social.

En caso de argumentarse que tal “funcionamiento” se centra en atender las necesidades nutricionales y de desarrollo de las comunidades, los resultados del egreso son magros y, por ende, demasiado caros, por lo cual debería reconocerse el fracaso de dicha cartera y analizar su supresión, para trasladar sus funciones a las de Salud y Educación. El salario de ministros y viceministros, direcciones, departamentos contables, de recursos humanos y hasta relacionistas anodinos consumen recursos sin generar avances suficientes para justificar sus plazas.

La muerte de un niño y la confirmación de 58 casos de desnutrición aguda en este año, tan solo en Panzós, Alta Verapaz, constituye un estentóreo mentís a la musicalizada publicidad oficialista que intenta plantear otro cuadro, a semejanza de sus antecesores. Sí, el combate al hambre en zonas vulnerables es un ítem propagandístico sonoro, pero que también exige seriedad y capacidad. Y aunque se enarboló como una de las prioridades del gobierno de Alejandro Giammattei, la implementación de programas tiene rezagos y discordancias injustificables.

La pandemia se ha esgrimido como excusa repetitiva para el atraso en varias carteras; no obstante, millonarios programas específicos del Mides relacionados con la atención a su impacto también presentaron fallas notorias. El 2022 cerró con la abrupta salida de su titular, el expresidenciable y exdiputado Raúl Segura, quien ahora aspira a una curul en el Parlamento Centroamericano. La ejecución del presupuesto de Q1 mil 426 millones fue del 98%, pero la reducción de casos de desnutrición aguda reportada por la propia entidad fue de apenas el 5%. En el 2022 se detectaron 20 mil 806 casos de desnutrición aguda infantil y 68 niños fallecieron por ello. Y muy poco se informa acerca del combate a la desnutrición crónica que afecta al 50% de niños del país.

El abordaje de la crisis nutricional está plagado de inconsistencias y dispendios que dejan traslucir finalidades electoreras. Los llamados Comedores Sociales —que se llamaron “seguros” y antes de ello, “solidarios”— han llegado a los setenta, pero su ubicación no se corresponde con las áreas de mayor riesgo alimentario ni con los municipios más pobres. Por si esto no fuera suficiente, no hay cuentas claras sobre el costo por ración ni de los proveedores.

Mientras tanto, programas técnicos, integrales y de probada efectividad en otros países han sido socavados. Tal es el caso de Crecer Seguro, financiado por el Banco Mundial, cuya aprobación fue aplazada por la legislatura anterior, con proyectos que se centran en ocho municipios para mejorar la calidad del agua, las condiciones de salud y la provisión de nutrientes. Sin embargo, parte de sus fondos se han utilizado para asuntos ajenos a sus objetivos, como por ejemplo compra de vacunas o insumos para la emergencia sanitaria.