En el habla coloquial guatemalteca, cuando alguien pregunta acerca del avance de un asunto y le responden que “hay clavos”, no es un buen augurio. En todo caso es el momento para hacer sonar las alarmas, identificar y corregir los problemas de fondo y también para deducir responsabilidades. Sin embargo, en la gestión para la adquisición y administración de vacunas contra el covid-19 en el gobierno de Alejandro Giammattei han existido numerosos clavos que se han tratado de subestimar, disfrazar o justificar, con lo cual han acarreado otros mayores, al punto de que el país se encuentra entre las naciones con menor avance en la inmunización contra el coronavirus. Aun así, no hay corrección de rumbo ni deducción de responsabilidades civiles y penales, solo excusas dilatorias, falacias discursivas y apelaciones a la lástima o al autoritarismo.

El primer gran clavo fue la tardía y descoordinada búsqueda de proveedores. Ni siquiera se contaba con una ley nacional de vacunación, por omisión y desidia de sucesivos congresos. Aunque se sabía que una vacuna anticovid tarde o temprano llegaría, el Legislativo prefirió seguir su agenda díscola y clientelar, en lugar de agilizar tal marco legal. Cuando por fin lo aprobaron, casi quisieron venderlo como un acto heroico, cuando en realidad era un deber tardíamente cumplido.

Entre desinterés, pugnas y hasta prejuicios, el Ejecutivo se demoró demasiado en buscar a las farmacéuticas para efectuar pedidos, una gestión a la cual se les anticiparon gobiernos de países vecinos que han avanzado más en el proceso de vacunación. Las limitaciones del mecanismo Covax, de la Organización de Naciones Unidas, eran previsibles puesto que al atender países en vías de desarrollo, era lógico que solo iba a aportar una fracción de las dosis necesarias.

El 5 de abril se anunció la compra de 8 millones de dosis de Sputnik V, con un voluminoso anticipo de Q614 millones, con un hermético contrato suscrito con una empresa intermediaria rusa, sin garantías ni especificaciones de entrega del pedido. No se incluía el costo del transporte y hasta hoy solo han llegado al país 100 mil dosis, el 1.4 por ciento del total. Para hoy el Ministerio de Salud espera un cronograma de envíos, lo cual de poco sirve puesto que el contrato no tiene cláusulas de penalización o reclamo.

No se puede dejar de mencionar la deficiente campaña de comunicación para convocar a los grupos de riesgo. Aglomeraciones de adultos mayores cuando apenas se empezaba a inmunizar al personal de primera línea o falta de claridad en las citas o centros de vacunación. A la fecha existe una mayoría de personas mayores de 70 años, sobre todo en áreas rurales, que ni siquiera están enteradas de la posibilidad de vacunarse. La ausencia de avisos en idiomas mayas o la ambigüedad de los mensajes complican esta tácita exclusión.

El retraso en la vacunación crece cada semana, por no decir cada día y con ello el riesgo para la vida de la población económicamente activa. Cada vacuna sin administrar es una vida en peligro. Se habla ya de que Estados Unidos estaría en posibilidad de donar dosis a países como Guatemala, pero no existe un liderazgo asertivo que extienda la vehemente petición de esta ayuda humanitaria. La cartera de Salud promocionaba el jueves último la llegada de otro embarque de 50 mil dosis. El clavo es que a ese paso faltarían 138 vuelos para completar el pedido, un cálculo que basta, por sí solo, para comenzar a pensar en la rescisión de tal compra por ser lesiva para el mayor interés del Estado de Guatemala: la vida de sus habitantes.