Una de las prácticas más socorridas y estériles de sucesivos gobiernos es la promoción del “comienzo” de obras en lugar de divulgarlas cuando ya tienen alto grado de avance o, mejor aún, están debidamente concluidas. Mucho más paradójico es este ciclo cuando se trata de proyectos de reconstrucción para comunidades devastadas por desastres naturales, para los cuales se anuncia el inicio de trabajos, aunque cabe reconocer que resulta mucho más dramático el cuadro de comunidades que se han tenido que levantar prácticamente sin socorro estatal.

La atención de desastres ha sido un constante fallo de sucesivos gobiernos, sobre todo en materia de prevención y reducción de riesgos. Abundan las excusas, sobre todo la más obvia y, por ende, inválida: que tales adversidades climáticas ocurren de manera repentina y sin que existan partidas presupuestarias destinadas a su atención. Precisamente para ello están las declaratorias de Calamidad, cuya finalidad es acelerar el auxilio y agilizar el apoyo a damnificados, prioridades que quedan relegadas en favor de adjudicaciones con dedicatoria y una insensible procura de réditos económicos a costa de la penuria ajena.

No son suposiciones ni invectivas: ahí está el caso de la aldea Quejá, en San Cristóbal Verapaz, parcialmente sepultada por el deslave de un cerro y cuyos sobrevivientes han tenido que buscar dónde reubicarse por su cuenta, sin que hasta ahora exista un esfuerzo continuado, coherente y consistente del Gobierno para proveerles la oportunidad de comenzar de nuevo y reorganizar su asentamiento en un lugar seguro. El Ejecutivo ni siquiera ha podido declarar camposanto el área donde perecieron familias enteras, la cual evoca la desolación.

Primero se secó sola la mayor parte de la laguna que anegó el centro urbano de Campur, San Pedro Carchá, Alta Verapaz, sin que se pudiera lanzar públicamente un plan de atención emergente y una estrategia de mediano y largo plazo para la posible relocalización de viviendas y mitigación del riesgo generado por la topografía kárstica de la región. Los mismos pobladores que se las ingeniaron para transportarse en lanchas y balsas durante semanas han sido quienes conducen la reconstrucción de su poblado, sin la mínima posibilidad de contar con una asesoría ecológica y geológica que pueda evitar la repetición de esta inusitada tragedia en futuros eventos climáticos.

Tres meses han transcurrido desde el impacto de las tormentas Eta e Iota. El Ministerio de Desarrollo anunció esta semana el “comienzo” de trabajos de construcción de 50 viviendas en Izabal, proyecto que estará a cargo del Ejército, con la colaboración de pobladores. Dicha cartera aportará los materiales. No se especifica si hay algún tipo de enfoque preventivo o disposición especial de las casas, de cara a potenciales desastres climáticos futuros, en una clara comprobación de lo enunciado en el primer párrafo de este editorial.

Para esta tardanza en la atención a damnificados, una clara vulneración a sus derechos humanos, no hay pronunciamiento de diputado alguno en el Congreso. Para esta improvisación reiterada respecto de desastres causados por huracanes, sismos o erupciones volcánicas no hay posibilidades de cambio en el futuro cercano. Mientras tanto, siguen los anuncios de inicios, arranques y comienzos de obras focalizadas, cuyo precio real, calidad final y costo de oportunidad se pierden en la nebulosa del tiempo y los avatares de un país vulnerable al cambio climático y también a la venalidad.