Poco a poco empiezan a aflorar las historias de grandes expectativas que terminaron en infortunio: las de migrantes guatemaltecos que viajaban en el ya denominado “camión asesino” por el estado mexicano de Chiapas, a merced de un piloto indolente que sobrevivió y huyó tras el percance en el que murieron 55 personas y dejó 104 heridos. El individuo respondía a las órdenes de una oscura red de tratantes de personas que al parecer tiene complicidades entre autoridades, pues de otra manera no se explica cómo evadió los puestos de control reafirmados una y otra vez por funcionarios que ahora se ven contrariados por la evidencia.

Desafortunadamente no extraña la posibilidad de tales connivencias. Hace apenas unas semanas, aquí mismo en Guatemala, se pudo observar la permanencia de grupos de migrantes haitianos albergados en hoteles de Esquipulas, Chiquimula. Desde la frontera hasta el casco urbano eran transportados en vehículos que no eran detenidos en los retenes policiales. Los mismos viajeros luego aparecían en la capital y en dirección a la frontera mexicana. Ciertas capturas aisladas se reportaron, pero el grueso de viajeros desapareció sin rastro. Algunos se atrevieron a relatar las exacciones bajo amenaza de detención.

La tragedia vial del 9 de diciembre puso al descubierto una mafia que lucra con la penuria. No le importan las vidas, solo los abultados pagos que impone para permitirles llegar a la frontera estadounidense. Sin embargo, es un secreto a voces que los chantajes no solo provienen de delincuentes declarados, sino también de representantes de la ley que aplican una discrecionalidad del color del billete. Quien no puede pagar es deportado.

Mientras tanto, del lado de la tragedia avanza lentamente la contabilización y confirmación de nacionalidad de las víctimas. Tristemente, todo apunta a que la mayoría de fallecidos son guatemaltecos. De 55 decesos, 50 son connacionales, según lo dejó entrever el fiscal Stuardo Campo; sin embargo, hasta ahora no hay una cita oficializada por los gobiernos. La saturación de la morgue de la ciudad donde ocurrió la tragedia obligó a llevar cuerpos a otros dos anfiteatros de urbes chiapanecas. Aún no existe fecha para la repatriación de los cuerpos, que será, sin duda, otro día de dolor nacional, sobre todo por la proximidad de la Navidad, una celebración eminentemente familiar.

El anuncio de persecución a una estructura de trata es rimbombante, pues tales acciones no se deben publicitar, sino ejecutarse con táctico sigilo. Además se trata de una reacción tardía, ya que el trasiego ha sucedido desde hace meses y años. Hacer una declaración binacional de combate o presumir de haber tenido la idea de establecer una súbita fuerza de tarea solo evidencia el pésimo trabajo de seguridad estratégica en el país.

Las historias que se conocen hasta ahora de heridos o fallecidos tienen sus particularidades: origen de los viajeros, pertenencia étnica o circunstancias en las cuales llegaron hasta el fatídico accidente en Chiapa de Corzo. Pero todas tienen algo en común: la necesidad de oportunidades para mejorar un ingreso familiar golpeado no solo por el desempleo y la pandemia, sino también por la carestía de vida. Mientras esas condiciones persistan, el éxodo seguirá. Sin embargo, poco puede cambiar mientras la administración del Estado se centre en clientelismos y beneficios de allegados y no en el desarrollo de la población, sobre todo de los municipios de los que más emigrantes salen, con o sin coyote, a lo incierto.