Aquella sensación de que algo ya vivido vuelve a ocurrir, de forma inexplicable y repentina, denotada por el término déjà vu, es lo que viene a la mente al conocerse la declaratoria de estado de Sitio, durante 30 días, que empezaron a correr ayer mismo, en los municipios de Ixchiguán y Tajumulco, en San Marcos. Como causal de esta medida se citan hechos violentos, de los cuales el más reciente fue el asalto de un camión de valores y la desaparición de dos policías privados, que siguen sin aparecer.

La restricción de garantías y controles militares sobre la locomoción y otras actividades busca recuperar el control y la gobernabilidad de la zona. Pero es justo este objetivo el que delata la causa más profunda de la situación que se vive desde hace décadas en estos dos municipios fronterizos: la prolongada ausencia del Estado, que se convierte en caldo de cultivo para la impunidad y la proliferación de grupos armados, con los consecuentes y repetidos reportes de balaceras, una de las cuales dejó gravemente herido a un niño en febrero pasado y en mayo último otra dejó a una familia atrapada en el fuego cruzado.

Hace cinco años, en mayo del 2017, el Gobierno tomó la misma decisión: declaró un estado de Sitio, con los mismos fines e invocando causas similares. Es posible que los relevos de autoridades hayan dejado las medidas sin seguimiento, pero esto solo refuerza el argumento de fondo sobre un Estado ausente, sin continuidad de políticas de desarrollo. Este nuevo estado de Sitio puede devolver temporalmente la tranquilidad, generar una calma aparente y, ojalá, rescatar sanos y salvos a los agentes retenidos. Pero la clave está en ir más allá de la coyuntura y trazar una visión prospectiva.

La zozobra de Ixchiguán y Tajumulco no es la única situación de su tipo. Los enfrentamientos entre Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, en Sololá, por supuestas rencillas limítrofes son otro ejemplo de discontinuidad en el manejo administrativo de regiones, con pertinencia cultural, con diálogo permanente y, sobre todo, con una agenda propositiva en materia de provisión de mejores servicios de salud, educación, infraestructura, capacitación para el desarrollo turístico y la gestión eficiente de los recursos.

La incidencia del narcotráfico, crimen organizado y bandas dedicadas al contrabando y trata de personas es innegable. En general, constituye una amenaza para municipios fronterizos, a causa de los incontables pasos ciegos y la desigual presencia representativa de los tres poderes del Estado. Los habitantes de áreas limítrofes deben convivir a menudo con la ley del silencio, so pena de ser agredidos o incluso ultimados por integrantes de grupos irregulares. No tienen a quién acudir, y aunque pudieran hacerlo, temen la infiltración de tales redes en estamentos de autoridad.

Recientemente se anunció la inversión inicial de US$10 millones de una firma japonesa, fabricante de autopartes, para establecer una planta de ensamblaje en San Marcos. Sin duda será un generador de empleos, directos e indirectos, así como de nuevas oportunidades. Pero para que tal emprendimiento prospere y continúe creciendo, se debe garantizar la seguridad pública y la certeza jurídica, lo cual implica a su vez el goce de garantías ciudadanas y ejercicio de derechos, lo cual no puede ocurrir bajo estados de excepción indefinidos. El Gobierno debe trazar desde ya los planes de seguimiento, o en otros cinco años, cuando la administración Giammattei Falla sea historia, se volverá a tener esa sensación pesada de lo ya vivido.