El escándalo de la constructora brasileña Odebrecht ha representado una vergüenza para gobiernos de todo el continente, a causa de las ramificaciones, los alcances y las prominentes figuras relacionadas con la trama de sobornos por contratos de obra pública que, a su vez, originaron otros delitos, como lavado de dinero y asociación ilícita, que fueron cometidos al amparo de cargos públicos, cuyas más elementales normas de ética fueron irrespetadas.

Durante el juicio contra tres personas cercanas al exministro de Comunicaciones y ex precandidato presidencial del extinto Partido Patriota Alejandro Sinibaldi, quedó evidenciada la forma en la que este personaje encabezó una estructura que buscaba sacarle raja a cualquier proyecto vial, sin importarle realmente el desarrollo económico nacional ni la calidad de la obra, sino únicamente su peculio. Las primeras evidencias de ese caso surgieron en el 2014, cuando el propio Sinibaldi calificó de “papelito shuco” una hoja con su nombre anotado encontrada durante un allanamiento en Brasil, hecho que trató de minimizar y atribuir a una campaña de desprestigio cuando se perfilaba como el candidato presidencial del oficialismo. En el 2018 saldrían a luz los vínculos con el excandidato supuestamente opositor Manuel Baldizón, quien se encuentra detenido en Estados Unidos por lavado de dinero, a causa de haber recibido una parte de los sobornos de Odebrecht.

Sinibaldi es cuatro veces prófugo actualmente, porque cuatro jueces lo han declarado en rebeldía por sendos casos. Si se suma el total de días que lleva sin comparecer ante la justicia desde el primer señalamiento, se tienen mil 136 días hasta hoy, una muestra de los lastres de los cuales adolece aún el sistema de justicia, los cuales se extienden a nivel global, dada la falta de resultados de la Policía Internacional, que supuestamente tiene la orden de captura en su contra. En su página digital, ni siquiera aparece su fotografía. Ojalá y fuera más por desatención que por un dolo inducido desde Guatemala. Si bien es totalmente constitucional y valiosa la presunción de inocencia, las declaraciones de los condenados y testigos dejan en una posición comprometida al otrora sonriente precandidato, que tarde o temprano deberá encarar a la justicia guatemalteca.

Las sentencias de ayer aún no son suficientes, porque además hace falta esclarecer el papel de más de cien diputados que también pudieron haber recibido hasta Q250 mil por cabeza a cambio de apoyar los créditos en favor de Odebrecht, en el 2012. El vigilante Ministerio Público tiene todavía ante sí la tarea de solicitar antejuicios contra los congresistas implicados, a fin de llegar al fondo de este caso, que sienta un precedente muy claro: ostentar un cargo en el Estado no debe ser nunca más un permiso para actuar de forma antojadiza y opaca. Absolutamente ningún funcionario debería creerse superior a la ley como para intentar hacer compras o adquisiciones que no estén enmarcadas dentro de los correctos procesos de transparencia. Esto no es ningún dogmatismo o exageración legalista, sino un principio de convivencia nacional, porque a final de cuentas, en todo negocio turbio, la mayor afrenta, el mayor daño y la mayor consecuencia la paga el pueblo de Guatemala. Y si no, véase el costo de oportunidad en el retraso de la ruta suroccidente, que sigue inconclusa, como una dolorosa muestra de los efectos de la tozuda ambición de ciertos personajes que llegan a creerse intocables.